La presidenta de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), magistrada Patricia Linares Prieto, le pidió al director de la Unidad de Investigación y Acusación de la entidad, Giovanni Álvarez Santoyo, que adopte medidas tras la captura el pasado viernes de un fiscal de la unidad en un presunto caso de corrupción para interferir en el proceso de Jesús Santrich. 

Linares Prieto aseguró que las medidas deben “garantizarle al país y a la comunidad internacional, que han depositado su confianza en nosotros, que se trata de un hecho aislado y que, como se lo pedí, dispondrá todo lo necesario para colaborar de manera decidida con las autoridades competentes en las investigaciones que conduzcan al pronto esclarecimiento de esos gravísimos hechos”. 

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La magistrada le solicitó, “con el debido respeto a su autonomía e independencia como director de la unidad”, que proceda a la desvinculación del funcionario capturado y la revisión exhaustiva y detallada de las hojas de vida y los perfiles de sus directores colaboradores. 

“Como lo he manifestado en reiteradas oportunidades, no basta con la verificación de los requisitos de ley sino, lo que es más importante, con la comprobación de las calidades éticas y morales de quienes tienen a su cargo una tarea tan delicada como la que debe cumplir la Unidad”, manifestó Linares Prieto.

La funcionaria señaló: “con mi reiterado respeto a usted y a su autonomía, debo solicitarle que una vez efectuada esa revisión, con la documentación que la sustente, la comparta con nosotros en el Órgano de Gobierno de la Jurisdicción del que usted hace parte. Esa información será publica en nuestra página Web para conocimiento de la ciudadanía”.

La magistrada considera que esto “en nada interfiere su independencia como Director y único nominador de la UIA”, pero que sí permitirá “empezar a reconstruir la confianza necesaria entre la magistratura y su componente de investigación, que quedó seriamente afectada por los lamentables sucesos a los que me he referido”.

“Sin duda lo ocurrido ha causado en los servidores de la jurisdicción, incluidos los de la UIA, comprometidos con la paz, y con su trabajo, profunda indignación y dolor, pues puso en entredicho el valor más importante para el cumplimiento de nuestras funciones: una ética intachable e incuestionable que genere confianza en nuestras actuaciones, confianza que fundadamente quedó resquebrajada y que deberemos reconstruir para seguir avanzando en el proceso de implementación que ha sido difícil y complejo”, manifestó.

Finalmente, Patricia Linares indicó: “En mi condición de presidenta de la JEP expreso mis sinceras disculpas por lo sucedido a las víctimas, al país y a la comunidad internacional que han confiado en nosotros y les reitero que cumpliremos a cabalidad y no obstante las dificultades nuestro mandato y nuestros compromisos con la paz del país”.