La Fiscalía de Colombia confiscó 58 bienes inmuebles valuados en 120.000 millones de pesos que estaban a nombre dos exgobernadores y otras personas vinculadas con casos de corrupción en el departamento de San Andrés, informó esa entidad.

Los bienes incautados con fines de extinción de dominio, algunos de ellos a nombre de los exgobernadores Aury Guerrero Bowie (2012-2016) y Ronald Housni Jaller (2016-2020), están en los departamentos de Antioquia y San Andrés, al igual que en Bogotá, y supuestamente fueron adquiridos con dineros ilegales.

Los exgobernadores Guerrero Bowie y Housni Jaller están actualmente detenidos por hechos de corrupción. Además de estos, las autoridades encontraron bienes a nombre de Jack Housni Jaller, hermano del exfuncionario y quien fue además representante a la Cámara por San Andrés.

De los bienes incautados al menos 20 lotes, casas de campo y apartamentos están ubicados en San Andrés y "harían parte del patrimonio" del exgobernador Guerrero y los hermanos Housni Jaller, acotó la Fiscalía en un comunicado.

Entre los inmuebles hay también viviendas, parqueaderos, depósitos y establecimientos comerciales.

Según el ente investigador, dos casas, con sendas piscinas, valuadas en 5.000 millones de pesos "eran las residencias de los hermanos Ronald y Jack Housni Jaller, exgobernador y excongresista, respectivamente".

La investigación de la Fiscalía indica que en 2011, Hernán Moreno Pérez, contratista y titular de la empresa Furel SA, habría entregado 400 millones de pesos a la campaña política de Guerrero Bowie para que, una vez llegara a la Gobernación de San Andrés, le adjudicara los principales proyectos y obras en el archipiélago.

Para las elecciones de 2015, Moreno y otros constructores supuestamente aportaron 1.200 millones de pesos al entonces candidato Ronald Housni Jaller, quien posteriormente llegó a la gobernación del departamento y habría dado continuidad a la contratación irregular.

En la investigación se constató que los pliegos de contratación en San Andrés, al parecer, fueron ajustados para que las empresas de los constructores que financiaron las campañas se quedaran con las obras y sus respectivas interventorías.

En contraprestación por esta maniobra, los entonces gobernadores Guerrero y Housni Jaller habrían recibido el 10% de la contratación que, según las pruebas, equivalen a unos 38,7 millones de dólares.