Con las voces de diferentes sectores se cumplió este jueves la audiencia pública convocada por la Corte Constitucional para analizar el tema de la libertad de expresión en las plataformas digitales. Juristas, académicos, representantes de empresas de tecnología, periodistas y escritores expusieron sus puntos de vista ante el alto tribunal que debe decidir tres casos puntuales en los que demandantes alegan que su buen nombre se vio gravemente afectado por publicaciones en redes sociales.

Uno de los casos es el escándalo que tiene como protagonista a la Sociedad de Autores y Compositores, Sayco, al acordeonero Rafael Ricardo y al compositor de música vallenata, Rafael Manjarrez. Ricardo ha publicado vídeos en sus cuentas personales de redes sociales en los que se refiere a Manjarrez como “pícaro, bandido y mafioso”, por, según cuenta, una serie de irregularidades durante su paso por la mencionada organización.

Manjarrez, recordado por ser el autor de canciones como Señora y Bendita duda (que grabó Rafael Ricardo con Otto Serge), se ha defendido diciendo que se trata de injurias y que las acusaciones del acordeonero no tienen asidero.

En sentido similar, Ricardo Gómez Durán, en representación de la organización, sostuvo ante los magistrados de la Corte Constitucional que los comentarios que Ricardo ha divulgado son “ataques desmedidos y dolosos que atentan contra Sayco y que ha venido comprometiendo su gestión comercial. Nos encontramos indefensos en las redes sociales”.

Otra de las tutelas que originó la diligencia pública tiene su origen en Bucaramanga donde varios ciudadanos, al parecer, fueron víctimas de estafa de una mujer identificada como Sylvia Margarita Amaya y le dedicaron varios escritos a través de Facebook con los que buscaban advertir “de las maniobras engañosas” de la mujer.  

Los comentarios se difundieron rápidamente y aparecieron más personas que los replicaron y compartieron. Por ello, Amaya instauró una denuncia argumentando que se le vulneraron sus derechos al buen nombre y a la honra.

La discusión que se tejió enseguida alrededor de las publicaciones tuvo como eje quién debe ser el responsable de los contenidos creados, publicados y difundidos en las diferentes redes sociales. Dos de los gigantes de internet, Facebook y Google, fueron invitados a la audiencia y sus voceros coincidieron en que es el usuario la persona que debe asumir las consecuencias de lo que se difunde.

En su exposición, Lorenzo Villegas Carrasquilla, representante judicial de Google, fue enfático en señalar que los administradores de plataformas no deben ser los responsables de los contenidos que se suben a la red a través de herramientas como Youtube o un blog. En su ponencia, Villegas manifestó que es competencia de los jueces determinar la legalidad o ilegalidad de los contenidos publicados en la red.

“En los casos que involucran a Youtube o Blogger, Google actúa como administrador de esas plataformas en el sentido de que no crea o edita el contenido ni ejerce un control previo sobre el mismo. Google provee herramientas para que los usuarios creen su contenido”, precisó.

Recordó, además, que en ponencias anteriores, la Corte Constitucional ha reiterado que los intermediarios de internet no son los responsables por los escritos de los usuarios y que imponer obligaciones de bloqueo o remoción de contenido equivale a censura previa.

“Estamos convencidos – dice Villegas – que estas reglas, derivadas de la jurisprudencia son aplicables a administradores de plataformas, que al igual que los buscadores, no son autores de contenidos ya que no lo crean ni lo editan de manera previa”.

En sentido similar, Luis Alfredo Barragán, vocero ante la Corte de Facebook, indicó que el autor de la publicación es el “responsable de su propio discurso, ya que el intermediario solo proporciona la plataforma”.

Ante el estrado, Barragán destacó que en esa red social hay millones de publicaciones a diario en las que se comparten momentos familiares, búsqueda de negocios, mensajes, imágenes y vídeos por lo que consideró que es de suma importancia que sus usuarios se sientan libres de compartir esos contenidos.

“La seguridad y confianza son esenciales para crear comunidad, por eso Facebook se toma muy en serio el rol de mantener el abuso en su plataforma. Los términos de servicios precisan que los usuarios no pueden usar la plataforma para compartir contenido que viole sus políticas”, explicó.

Sin embargo, manifestó que esas políticas no pretenden sustituir a las leyes vigentes, sino que son reglas para que los usuarios tengan un mínimo de convivencia al hacer parte de esa red social.

“El núcleo esencial de Facebook es el pleno ejercicio de la libertad de expresión y por eso sus políticas buscan darle el máximo rango posible. (…) Por ello, reiteramos que el autor es responsable de la publicación, ya que el intermediario no crea o edita contenidos. Por ello se ofrecen a los intermediarios protección respecto de esos contenidos creados por los usuarios como en Estados Unidos o la Unión Europea”, declaró el vocero de Facebook.

Lo expuesto por los directivos va en la misma línea de Joe Barata, invitado por la Corte en su calidad de experto internacional en libertad de expresión y regulación de medios, quien manifestó que es competencia única y exclusiva de los jueces determinar si un contenido es o no difamatorio.

“No se puede dejar esa decisión en actores privados”, dice Barata al hacer referencia que no son las plataformas quienes deben decidir cuándo una publicación es ofensiva. “Como regla general, el responsable es quien difunde el contenido, es el dueño editorial de la publicación”, apuntó.

¿Conductas penales?

Para el penalista Mauricio Pava, conjuez de la Corte Suprema de Justicia, no se requiere crear nuevos delitos ni aumentar las penas para quienes a través de las redes sociales se dediquen a cometer o promover actos delictivos. A su consideración, “el populismo penal no evita delitos en las redes. El reto para investigadores y jueces es impedir que la justicie demore en atender a la víctima y hallar a los responsables”.

Su ponencia se escuchó después de que el fiscal Néstor Humberto Martínez anunció que su despacho emitirá una directriz dirigida a los fiscales delegados que analizan estos temas para combatir conductas delictivas como injuria, calumnia, hostigamiento, instigación a delinquir y pornografía infantil, entre otros.

Martínez Neira cerró su intervención hablando de las famosas ‘bodegas’ que emplean a personas que desde las redes sociales se dedican a defender posturas y atacar a quienes están en contra de determinadas ideologías.

“Son operadores que apelan a la creación de cuentas falsas y son empresas que se dedican a difundir información falsa con la finalidad de afectar a un oponente político desde el anonimato. Esas informaciones son deshonrosas per se, estos excesos son ilícitos y pueden ser objeto de tratamiento penal”, describió.  

A la audiencia también fue invitado el senador José David Name (La U), autor del proyecto de ley para crear normas de buen uso y funcionamiento de redes sociales y sitios web en el país. El legislador defendió su iniciativa y señaló que lejos está de ser una forma de censura ya que no cobija a medios de comunicación.

“El proyecto tiene por objetivo regular las condiciones básicas para proteger la honra y el buen nombre de los ciudadanos cuando de ellos se hacen publicaciones en redes o páginas web”, declaró Name.

Sobre lo dicho por los voceros de Facebook y Google, Name se mostró en desacuerdo y desestimó el argumento sobre el cual esas plataformas aseguran que no son responsables que se mueven a través de sus herramientas.

Con estos elementos la Corte deberá decidir cuál será el mejor camino para manejar este tema que, aunque puede tener visos de ser una materia pendiente de carácter local, ya ha tomado connotaciones globales y el país debe asumir una postura lo más pronto posible antes de que ese gigante llamado redes sociales siga avanzando sin riendas.