Uno de los grandes desafíos que tiene el Gobierno Nacional para consolidar su ruta de acción consiste en lograr que el Congreso de la República le apruebe el Plan Nacional de Desarrollo, el cual ha sido denominado por el presidente Iván Duque ‘Pacto por Colombia, pacto por la equidad’. 

Esta fue justamente la razón por la que el mandatario convocó a sesiones extraordinarias al legislativo. Sin embargo, muchas voces políticas están pidiendo incluir otros proyectos.  

Es aquí donde la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, jugará un papel importante de coordinación y enlace entre el Gobierno y el Congreso. 

A propósito de la reanudación de las labores en el Legislativo, la funcionaria explicó cómo planea retomar la relación con los congresistas para lograr la aprobación del Plan de Desarrollo y los demás proyectos importantes para el Ejecutivo. 

También habló de su liderazgo alrededor del Plan de Acción Oportuna (PAO), para prevenir el asesinato de líderes sociales y defensores de derechos humanos.

¿Cree que este año será mejor la relación del Gobierno con el Congreso?
 
Diría que a finales del año pasado nuestra relación con el Congreso tomó un giro y un ritmo que permitió sacar adelante proyectos importantes. Logramos culminar la primera vuelta de todas las propuestas de reformas constitucionales que presentó el Gobierno. Esperamos que las próximas sesiones ordinarias lleguen cargadas de mucha discusión y que se puedan aprobar los proyectos que quedaron en trámite.

Usted reconoce que solo al final lograron fortalecer esa relación con el Legislativo. ¿Qué cambios hicieron para alcanzar una mayor fluidez con las bancadas?

Las nuevas relaciones toman su tiempo. Se generó confianza del Gobierno con las bancadas y esa confianza mutua llevó a facilitar el trámite de los proyectos, pero las condiciones no han cambiado en cuanto a que hay tres partidos que son de Gobierno, dos independientes y los demás de oposición.

¿Ha funcionado la estrategia del presidente de relacionarse con el Congreso a partir de la concertación de puntos comunes?

Se generó esa dinámica de discusión y análisis de los proyectos que se aprueban, pero el Gobierno no busca imponer nada y ese mismo ejercicio es el que vamos a hacer la próxima semana cuando empiecen las sesiones extras en el Congreso.

¿Esto también aplica para la relación del Ejecutivo con el Centro Democrático?

También con el Centro Democrático se generó una mayor cercanía, indiscutiblemente, con los ministerios. Lo que esperamos es que en estas sesiones se dé una relación mucho más dinámica y que haya mejor comunicación.

¿Cuáles son las expectativas del Gobierno para las sesiones extraordinarias que se convocaron?

Creo que el Plan de Desarrollo marca una expectativa entre los congresistas. Este es un plan que salió de las regiones, que tiene como objetivo llegar al ‘Pacto por la equidad’, partiendo de los ejes de Legalidad y Emprendimiento, teniendo en cuenta que algunas partes del país tienen condiciones especiales.

El presidente del Senado, Ernesto Macías, dijo que existe la posibilidad de incluir otros proyectos en las sesiones extra, ¿es posible?

La próxima semana habrá reuniones del presidente Iván Duque con cada uno de los partidos políticos, donde hablará tanto con senadores como con representantes, para analizar varios proyectos que vienen de la legislatura pasada y algunas otras solicitudes. El propósito es saber cuáles proyectos pueden ser incluidos dentro de las sesiones extraordinarias y que posteriormente se puedan enlazar con las sesiones ordinarias del 16 de marzo.

Se ha hablado de que entre los proyectos que pueden ser incluidos están los anticorrupción, ¿está abierta esta posibilidad?

Sí. El presidente quiere pedir al Congreso impulsar estos proyectos en las sesiones extraordinarias.

Hablando de la relación con las bancadas, ¿cómo va la implementación del Estatuto de la Oposición?

El Consejo Nacional Electoral es el competente para la reglamentación. Ya tienen un borrador de proyecto de reglamentación, vamos a esperar la expedición.

Protección a líderes sociales

Otra de las tareas que le ha asignado el presidente es la puesta en marcha del Plan de Atención Oportuna para la protección de líderes sociales y defensores de derechos humanos. ¿Cómo avanza esa implementación?

La estrategia del plan de acción se aprobó a mediados de noviembre del año pasado y desde entonces estamos en su implementación a través de sus ejes fundamentales.

¿Cuáles son esos ejes?

Uno que tiene que ver con la reingeniería institucional, pero dentro de las recomendaciones de la Defensoría del Pueblo está reforzar el tema de seguridad y protección al territorio, que corresponde al 40%. También está la inversión social con un 25%, la atención a las víctimas de violencia con un 25% y la atención a infancia y adolescencia con un 10%. También está las garantías para las comunidades de luchar contra la impunidad. Aquí se viene haciendo un trabajo coordinado entre la Fiscalía General de la Nación y el Consejo Superior de la Judicatura en coordinación con el Ministerio de Justicia.

¿Qué se está haciendo en cuanto a las garantías de seguridad?

Aquí estamos haciendo una coordinación para que la comunidad se entere de las acciones que adelantan  las Fuerzas Militares y la Policía. Esa combinación es muy importante y en contra de la impunidad se están desarrollando acciones entre la Fiscalía, la Policía y los jueces. Esta responsabilidad también corresponde al Plan Orión que diseñó el Gobierno y a toda la presencia que se ha definido en el territorio, pero esto va de la mano del componente de inversión social. Por esta razón, todos los ministerios y demás entidades comprometidas con la inversión social estamos viajando a los territorios.

Pero, ¿qué pasa con las quejas sobre seguridad que son tan recurrentes entre los líderes, en particular porque no se les brinda esquema de protección oportuna?

Desde que nosotros llegamos al gobierno no hemos tenido esta situación, pero sí está identificado que hay que disminuir los tiempos para la evaluación del riesgo y para asumir las protecciones de las  personas que han sido amenazadas.

En su reciente visita a Tibú la comunidad lanzó una alerta sobre el reclutamiento de menores de edad a manos de grupos armados organizados. ¿Qué acciones se van a impulsar al respecto?

Tristemente, en los sitios que hemos visitado en el marco del PAO nos han denunciado que se ha vuelto al reclutamiento forzado de menores de edad. Debemos trabajar rápidamente para evitar ese fenómeno. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, años atrás, tuvo un programa para la prevención de reclutamiento de menores. Ya le hemos pedido a la directora que lo revise porque necesitamos una línea de prevención urgente.

¿De cuántos menores reclutados se puede hablar hoy?

No hay cifras todavía porque es un fenómeno que ha venido creciendo y del que nos hemos alertado a raíz de las salidas de plan de acción. Lo encontramos en San Vicente del Caguán, en María La Baja y El Salado, en el Sur de Bolívar; y en Tibú, Norte de Santander.