Desde Estados Unidos, y vía videoconferencia, Marlon Marín Marín, sobrino de ‘Iván Márquez’, es imputado por los delitos relacionados con las presuntas irregularidades en los contratos de proyectos productivos y obras de malla vial en varios departamentos del país. Para la Fiscalía, Marín creó una red de intermediarios para apropiarse de recursos que estaban destinados a postconflicto.

Durante la audiencia, el fiscal del caso reveló ante el juez una serie de interceptaciones telefónicas en la que se escucha a Marín concertando con varias personas los porcentajes del total de los contratos que estaban por adjudicarse. El exmiembro de las Farc no se allanó a cargos por los delitos de concierto para delinquir y enriquecimiento ilícito, por lo que enfrentará un juicio.

Ante el despacho judicial, el fiscal del caso sostuvo que Marín conformó una red de intermediarios de la que hacían parte José Domingo Ardila, Jessica Gómez Builes, María Valencia, Diana Arias Garzón y Jesús Cuello “para obtener un provecho económico. Dicha concertación tenía como fin influenciar en servidores públicos que dentro de sus competencias tenían la función de adjudicar contratos”.

El delegado del ente acusador manifestó que las irregularidades se detectaron en la adjudicación de contratos de malla vial para las zonas más afectadas por el conflicto, en la estructuración de proyectos productivos y la intermediación y gestión irregular para la adjudicación proyectos a financiarse a través de alguno de los fondos de paz.

Marín acompañó visitas a las zonas veredales para realizar un diagnóstico de las necesidades básicas de las personas que vivían en dichas zonas. La finalidad de estas visitas era recoger los intereses de las comunidades con el objetivo de generar proyectos productivos que serían radicados en las agencias del Estado.  

“Aprovechando esta cercanía, Marlon Marín gestionó otra clase de negocios irregulares para su beneficio y para terceros en contra vía de las finalidades establecidas en los acuerdos para lo cual conformó progresivamente la indicada red de intermediarios para desviar los recursos hacia la consolidación de la paz”, indicó el fiscal.

Los hechos por los que es investigado el exintegrante de las Farc se presentaron entre febrero de 2017 y marzo de 2018, y tuvieron como escenario los departamentos de Cundinamarca, Boyacá, Antioquia y Santander.

La Fiscalía aseguró ante el estrado que los servidores públicos que pretendían permear pertenecían al Ministerio de Agricultura, Invías y la Agencia de Desarrollo Rural, entre otras.

“Se buscaba estructurar proyectos con sobrecostos, obtener para sí o para terceros la adjudicación de los contratos, obtener la viabilidad técnica y financiera de los proyectos productivos, obtener pagos por realizar labores de intermediación y obtener un porcentaje del valor de los contratos luego de la adjudicación de las obras”, relató el funcionario del búnker.