La próxima semana debería estar lista la ordenanza que deroga el cobro de la estampilla prodesarrollo fronterizo, según informó el gobernador William Villamizar quien espera con esto cumplir a cabalidad con el fallo del Consejo de Estado que declaró nulo dicho cobro, pagado por los viajeros antes de su salida del aeropuerto Camilo Daza.

Lo anterior pondría fin a varios choques que se han registrado entre usuarios del aeropuerto y funcionarios que deben seguir cumpliendo con el cobro de la estampilla, en tanto que los viajeros alegan que el fallo no los obliga a pagar.

Al respecto, Villamizar afirmó que si bien en la actualidad el cobro que se viene realizando, esto obedece a lo dispuesto en la Ordenanza 010 del 21 de septiembre de 2018, aun vigente, y que reproducía las disposiciones anuladas por el Consejo de Estado en la Ordenanza 0014 de 2008.

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El mandatario reconoció que en efecto algunos pasajeros han volado sin pagar, situación que se vuelve incontrolable para un solo funcionario que está en la puerta de acceso a las salas de espera.

Sin embargo, afirmó que tampoco puede ir en contravía de una ordenanza que está vigente y, en este sentido, le resulta imposible violar una norma departamental.

Por ello, antes de que el fallo esté en firme, la Asamblea deberá derogar el pago y excluir la estampilla de los hechos generadores  para el departamento, con el fin de que cuando el fallo sea notificado, la Gobernación no se ve inmersa en nuevos contratiempos jurídicos.

Aunque el gobernador reiteró que la falta de este tributo impactará al departamento, pues se dejarán de percibir más de 2.800 millones de pesos, admitió que varias aerolíneas le indicaban que dicho pago afectaba su competitividad, razón por la que su derogación podría constituir un estímulo para su permanencia en la región.

El diputado John Edison Ortega confirmó que el estudio de la ordenanza está a punto de finiquitarse, pues “lo más sano es acatar cuanto antes se derogue esta disposición”, y “la idea es que iniciando la semana, la ordenanza esté lista”.

“No hay manera de justificar que se sobreponga una estampilla sobre un bien que está gravado con un impuesto nacional, como el IVA”, dijo. “Hay que superar esa situación y darle tranquilidad a los ciudadanos”.

Ahora, la preocupación recae en el impacto por la pérdida de los recursos, que según el gobernador se destina principalmente a becas que permiten a estudiantes pobres acceder a la educación superior.

Por su parte, Ortega dijo que ese aspecto será objeto de un análisis minucioso, “porque el impacto fiscal es alto”.

“Los recursos de estampillas e ingresos, y los pocos recursos que tiene el departamento, con cualquier movimiento se afectan varias áreas de inversión”, agregó. “Toca balancear las inversiones que se van a tener este año, y en adelante”.

El proyecto indica además dos parágrafos según los cuales se autorizaría al Gobernador para que celebre convenios o contratos con entidades públicas y privadas, para recaudar el cobro de la estampilla, y se indica que el transporte terrestre de pasajeros con destino a Ureña y San Antonio (Venezuela) y desde Ocaña hacía Río de Oro, González y Aguachica (Cesar), quedan excluidos del pago del tributo.

Así se cobraría

La estampilla pro-desarrollo fronterizo, según el proyecto de ordenanza, solo se cobraría en:

Todo vehículo de carga, de dos o más ejes, que entre o salga del departamento con productos o mercancías.

Tiquetes de transporte de pasajeros por vía terrestre que salgan del departamento.

Contratos de construcción, conservación o mejoras de obras, cuyo valor debe ser pagado por el tesoro departamental o institutos descentralizados del departamento.

Actas de posesión de los empleados departamentales, de la Contraloría departamental y de los institutos descentralizados del departamento.

Expedición de certificaciones y constancias, solicitud de pasaporte, otorgamiento de personerías jurídicas, entre otros conceptos.