Es simple: los presidentes deciden en qué aspecto de su gobierno ponen el énfasis, establecen lo que es prioritario y lo que no, y actúan en consecuencia. Este de Iván Duque, obvio, también tiene prioridades —y muy marcadas—, que van en contravía de los intereses de la sociedad o de al menos una parte importante de ella.

Desde los tiempos de la campaña electoral, para Duque se hizo prioritaria su acción contra el Gobierno de Nicolás Maduro, en Venezuela, y así se ha comportado como presidente: casi que no hay acto importante con presencia internacional en la que no haga referencia a la necesidad de lograr que Maduro se vaya.

Pero su actitud genera un problema mayúsculo, del que, hasta ahora, Duque ha preferido ignorar o, por decir lo menos, ha dejado en manos de sus subalternos, no muy idóneos, para ser francos, ni muy interesados en encontrarle una solución adecuada y definitiva: los asesinatos en serie de líderes sociales.

Es cierto que en Colombia el manejo de las relaciones internacionales es tarea que le corresponde de manera exclusiva al presidente de la República, pero, creemos sinceramente, que esto no obliga, necesariamente, a olvidar los asuntos internos, que revisten una gravedad muy grande.

Insistir en la intromisión en asuntos internos de Venezuela raya con normas básicas de las leyes fundamentales de Colombia que predican la autodeterminación de los pueblos, situación ahora en cuestión por la insistencia de Duque.

Sin duda, lo que ocurre en Venezuela repercute en Colombia, no hay ni que decirlo. Pero seis líderes populares asesinados en los primeros seis días del año es, por todo, un asunto que en un gobierno menos injerencista, habría llevado no solo al presidente, sino al Gobierno entero, a replantear las prioridades.

Es el problema más complicado que tiene Colombia, y parece no preocupar sino a otros activistas y líderes populares, y a políticos opositores, en una situación en la que el Gobierno queda muy mal parado, porque es como si se empeñara en el mensaje de que nada o muy poco le interesan los asesinados y otros como ellos que están bajo amenaza de muerte.

De los seis casos, uno ocurrió en Norte de Santander. Motociclistas armados llegaron hasta la vereda El Cedro, en Hacarí, y atentaron contra la vida de Wilson Pérez Ascanio, un hombre de 34 años, líder de varios procesos sociales e integrante de Movimiento por la Constituyente Popular (Mcp). Pérez murió el lunes pasado.

Al respecto, es oportuno recordar que él, junto con otros líderes campesinos, denunció hace algunas semanas que estaba amenazado de muerte, pero, por lo que parece, no le brindaron las medidas de protección correspondientes. Pérez estaba vinculado a un programa de cultivo de sábila, con el que se pretende salirles al paso a los cultivos de uso ilícito en el Catatumbo.

Del presidente para abajo deben todos en el Gobierno afinar los criterios para definir las prioridades, pues, hasta ahora, al menos del presidente se podría decir, como el viejo proverbio, que es luz en la plaza, pero oscuridad en la casa. Y no habría mucho margen de equivocación.