Si los órganos de control de la región —municipales y departamentales, para que no haya dudas— cumplieran con su deber, ya estarían entregando resultados de investigaciones por denuncias tan graves como la que tiene que ver con la salud moral del Instituto Departamental de Salud (Ids), tan deteriorada como está.

La connivencia entre la directora de la oficina de vigilancia y control del Ids, Gloria Montaña, denunciada con pruebas por veedores de la salud, en otro lugar del planeta ya hubiera generado resultados de parte de los investigadores.

En otro lugar, claro, porque acá esos órganos de control —procuraduría, fiscalía, contraloría y otros— no funcionan según las normas que los rigen, sino de acuerdo con el interés de los funcionarios respecto de los investigados. No todos ni en todos los casos, desde luego.

 Según los veedores, Montaño estaría compartiendo el poder de controlar y vigilar la prestación de los servicios públicos de prestación de salud con parientes, allegados y representantes de las Ips que debe vigilar, “alejándose de la verdadera misión para la cual fue nombrada en el cargo, como lo es la de garantizar y defender los derechos de los usuarios de la salud”.

A la denuncia oficial, los veedores anexaron fotos en los que se muestra a la funcionaria en animadas reuniones con personas que según los denunciantes son funcionarios de las entidades que deben ser vigiladas por Montaño. Esto es grave.

Pero más lo es el hecho de que, según la denuncia, esas tareas de vigilancia y control se realizan con un grupo de verificadores contratados por la funcionaria, y que hacen parte del entorno familiar de la misma.

Y es más grave, por cuanto, dicen los veedores, “la manipulación y el abuso de poder se da cuando los amigos de Montaño son los encargados de ejercer la vigilancia en las instituciones de salud, ‘para que estas sean aprobadas así no cumplan con las exigencias de la norma, lo cual va en detrimento de la atención de los usuarios’”.

Contra las Ips que no cumplen con los requisitos legales no hay acción por parte del Ids, “porque los dueños son amigos de Montaño”, dice la denuncia. Añade, además, que los verificadores aplazan visitas a las Ips vigiladas y les dan “tiempo para que arreglen papeles o realicen las adecuaciones de las obras, a sabiendas de que no cumplen con la norma”.

Hasta dónde son ciertas las denuncias, les corresponde a los investigadores establecerlo. También es cierto que quejas por el mal servicio en la atención en salud en el sector público se repiten desde hace buen tiempo, sin que a los ciudadanos les respondan los organismos encargados de vigilar el cumplimiento de las funciones públicas.

Quizás este sea el momento esperado, y que, por fin, alguno de tantos entes de control actúe, aunque sea para desvirtuar las acusaciones. Pero que actúen…