Durante la más reciente Audiencia Pública de Transparencia de la Comisión Regional de Moralización, que tuvo lugar en Cúcuta, la Contraloría Municipal recibió duras críticas por la gestión que, aseguran, viene adelantando frente a varios casos sonados y que han despertado el malestar de los cucuteños.

Una supuesta falta de respuesta a las denuncias interpuestas por los veedores ciudadanos, pocos resultados en las investigaciones, escasas sanciones para los involucrados, entre otros argumentos fueron esgrimidos en contra del organismo de control fiscal, especialmente en lo que tiene que ver con la vigilancia a la empresa de acueducto y alcantarillado, Aguas Kpital.

No obstante, en un informe que le fue remitido a la propia Comisión, la contralora municipal, Blanca Cruz González, detalló que, contrario a la queja de los veedores, esa entidad sí ha sometido a auditoría la ejecución del contrato de operación de la empresa de servicio público (el 030 de 2006), en sus 10 años de funciones, y dijo que, incluso, esta es la primera vez que se hace una revisión exhaustiva a dicha concesión.

Como resultado de esta inspección, explicó la titular del ente de control fiscal, se detectaron 19 hallazgos de diferente tipo, de los cuales dos han tenido incidencia fiscal y por esa razón fue necesario abrir procesos de responsabilidad que están en periodo de pruebas.

Uno de ellos tiene que ver con las inconsistencias en la participación que la empresa de acueducto debe reconocerle a la EIS y que llegó a tener  moras por más de 90 días.

Producto de los retrasos en el giro de los dineros,  hasta mayo de 2017, la deuda del operador del servicio superaba los $13.000 millones.

“Se evidenciaron inconsistencias en el acuerdo directo del 24 de mayo de 2017, como quiera que se sustenta en cálculos erróneos en el ajuste del valor de la participación, impactando negativamente el patrimonio de la EIS Cúcuta, en un valor de $6.676’113.753,50, monto por el cual se solicitó apertura de proceso de responsabilidad fiscal el 29 de diciembre de 2017 y se dio traslado a los demás entes de control para lo de su competencia”, señala un aparte del informe de la Contraloría.

En este también se advierte que pese a la mora sistemática y recurrente por parte del operador en el giro de los dineros correspondientes a la participación de la empresa municipal, no se reconocían intereses a favor de la EIS y que si bien en junio de 2017 se hizo un arreglo al respecto, este es objeto de revisión, por cuanto los montos  no son correctos.

La contralora municipal sostuvo que este asunto fue remitido, igualmente, a la Superintendencia de Servicios Públicos para su estudio.

Multas que se dejaron de imponer

En el informe remitido a la Comisión de Transparencia y Moralización, la Contraloría también reportó el segundo proceso de responsabilidad fiscal, relacionado con las multas por $726 millones que dejó de imponer la EIS a Aguas Kpital, a pesar de que así lo establece el contrato.

“Pese al incumplimiento sistemático y recurrente en el pago oportuno del usufructo o participación, ni la interventoría ejercida por Hidrogestión, ni la EIS Cúcuta han apremiado oportuna y eficazmente al operador para que este cumpla con esta obligación tan vital”, detalló el ente de control fiscal.

Para la Contraloría, esta actuación ocasiona un detrimento en el patrimonio para la Empresa Industrial y Comercial de Cúcuta y por esta razón se constituye en un hallazgo administrativo con incidencia fiscal y disciplinaria.

Las otras inconsistencias en la ejecución del contrato 030 tienen que ver con los rezagos en la inversión de las redes, pues hasta 2017 apenas se había cambiado el 13%. También revelaron que Aguas Kpital no ha reducido las pérdidas en los niveles que se plantearon inicialmente en el contrato y que estas siguen sobre un 56%, cuando el máximo permitido es 30%. 

“Eso significa que en los 10 primeros años, el operador dejó de facturar 417 millones de metros cúbicos de agua, que le hubieran podido representar ingresos por $691.000 millones”, dice la Contraloría.

De la misma forma, se advierten irregularidades en lo relacionado con el ajuste tarifario, demoras injustificadas en el pago del déficit de subsidios por parte del municipio, entre otros problemas que también fueron puestos en conocimiento del Concejo y de la Procuraduría.

La contralora Blanca Cruz González explicó que aunque una de las quejas es que no se ha actuado frente al cambio de composición accionaria de la concesión, este asunto no puede ser asumido por la entidad por no ser de su competencia.

Dijo que muchas de las denuncias que se presentaron ante la Comisión de Moralización no habían sido interpuestas en su despacho sino ante la Contraloría General. También aclaró que al veedor Francisco Palacios lo llamaron para ampliar su entrevista y aunque quedó en aportar algunas pruebas, nunca las presentó.

Sostuvo, igualmente, que el proceso de seguimiento a Aguas Kpital se ha cumplido, pero que no ha sido fácil por la cantidad de información que existe, pues son más de 10 años de operaciones.

Otros casos

La contralora de Cúcuta, Blanca Cruz González, informó igualmente que con relación a las inquietudes planteadas por otro veedor ciudadano, Roberto Cárdenas, quien asegura que hay más contratos cuestionados sobre los cuales no se ha conocido ningún resultado de investigaciones, ese despacho no ha recibido queja o denuncia alguna.

No obstante, la funcionaria señaló que en casos como el de Cambari, cuyo fin era la generación de empleo, aunque el contrato no aparecía en el plan de auditorías que ya estaba aprobado cuando ella asumió la entidad, decidió incluirlo por ser un tema de especial interés para los cucuteños.

Cruz dijo que en este momento este contrato se encuentra en auditoría, con el fin de determinar si se ejecutó correctamente o no. Esto mismo ocurre con otros convenios como el de Calidad Total, que tenía como objeto la vinculación de aseadoras y vigilantes para las instituciones de educación pública.

Entre tanto, la contralora explicó que ese organismo también inició, de oficio, una auditoría exprés por el caso de 559 comparendos de tránsito que no cumplían los requisitos para ser exonerados de pago.

Al respecto, informó que el secretario de Tránsito presentó un plan de mejoramiento en el proceso auditor y manifestó que iban a cargar esos comparendos al SIMIT. 

A la fecha ya han subido 439 comparendos, razón por la cual no se puede proceder con una sanción fiscal hasta tanto no se venza el plazo de los seis meses otorgado para subsanar la falta. De cumplirse el plan se cerrará la indagación preliminar y si ocurre lo contrario, el caso sí podría pasar a proceso de responsabilidad.

Además de estos temas, el ente de control también trabaja en la revisión del POT, la plataforma de saneamiento catastral, el Fondo de Valorización, las Ferias y Fiestas de Cúcuta, entre otros.