La sección primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenó a la multinacional brasileña Odebrecht el pago de cerca de 800.000 millones de pesos de indemnización, por los actos de corrupción en Colombia, y la inhabilitó para contratar con entidades oficiales por un término de 10 años.

El tribunal acogió la petición de la Procuraduría General de la Nación, en la que solicitó la adopción de medidas cautelares para garantizar la viabilidad del proyecto Ruta del Sol, ante los graves hechos de corrupción en materia de contratación pública, por lo cual decidió garantizar la protección de la moralidad administrativa y la defensa del patrimonio público.

También se declaró la suspensión definitiva de los efectos del contrato de concesión 001 del 14 de enero de 2010, juntos con sus modificaciones, adiciones y otrosíes, suscrito entre el Instituto Nacional de Concesiones -hoy Agencia Nacional de Infraestructura- y la Concesionaria Ruta del Sol S.A.S, hasta tanto se dicte sentencia de acción popular o se resuelva por el tribunal de arbitramiento la petición de nulidad del contrato.

El fallo le ordena también al presidente de la República, Iván Duque Márquez, para que designe la autoridad que habrá de administrar el proyecto Ruta del Sol Sector II, “a fin de evitar la paralización de las obras que se están ejecutando, mientras dure la suspensión provisional del contrato en mención, se dicte sentencia dentro de esta acción popular o se resuelva por el Tribunal de Arbitramiento acerca de la nulidad del contrato”.

Así mismo, se ordenó el embargo de las cuentas bancarias y los dividendos obtenidos por las sociedades Concesionaria Ruta del Sol S.A.S., Constructora Norberto Odebrecht S.A., Odebrecht Latinvest Colombia S.A.S., Estudios y Proyectos del Sol S.A.S., y CSS Constructores S.A., con el fin de salvaguardar los recursos.