El anuncio del alcalde, César Rojas, de invertir unos 8.500 millones de pesos en obras de expansión de alumbrado público, en un paquete que integra 58 sectores de la ciudad, no tendría nada de raro si entre los beneficiarios no figuraran la invasión La Fortaleza y otros seis asentamientos subnormales, todos considerados fortín del concenado exalcalde Ramiro Suárez.

La afirmación la hacen los mismos habitantes de esas comunidades, que se muestran molestos con Rojas y Suárez por la indiferencia y el incumplimiento de las promesas que formularon durante la pasada campaña a la Alcaldía.

“Ni alcantarillado ni alumbrado público ni pavimento de las calles nos han cumplido, pese a que el alcalde en campaña vino y nos prometió que eso tendríamos”, precisó  Ferney Rodríguez, fiscal de la junta comunal de La Fortaleza.

Este líder aseguró que el incumplimiento también se da con los asentamientos aledaños a La Fortaleza, como El Talento, Nueva Ilusión, La Florida, Brisas del Mirador. 

“Todas estas comunidades ponemos 10.000 votos”, recalcó Rodríguez en alusión a las campañas políticas en las que han apoyado a Ramiro Suárez.

Para validar si es legal que la alcaldía haga inversiones en una zona como La Fortaleza, La Opinión consultó a Planeación Municipal, entidad que confirmó que este barrio no está legalizado ni tiene sus predios titulados. 

Según el especialista en derecho administrativo, Gerardo Campuzano, la alcaldía está inhabilitada para hacer inversiones en una invasión. “Lo único que puede hacer es desalojarlas”, explicó. Precisó que si bien una sentencia de la Corte Constitucional y la misma ley señalan que toda persona tiene derecho a gozar de servicios públicos, esto no puede ser tomado por las alcaldías para promover o validar las invasiones (ver recuadro).

El único servicio público con el que cuentan en este asentamiento es el de energía eléctrica, el cual fue normalizado por la empresa Centrales Eléctricas de Norte de Santander (Cens-Epm), en cumplimiento de la Ley 142 de 1994, que establece que cualquier ciudadano colombiano está en su derecho de disfrutar de los servicios públicos domiciliarios, independientemente de la condición en que viva en el predio. El alumbrado es un servicio público, pero no de carácter domiciliario.

El ingeniero Alfonso Peñuela, de la compañía eléctrica, explicó, sin embargo, que las redes que se instalan en los asentamientos subnormales, como La Fortaleza, son temporales, dado que si en algún momento se debe desalojar, pues entonces proceden al desmonte inmediato. 

“Cumplimos la ley, pero además les minimizamos el riesgo eléctrico a las comunidades, que corrían peligro al estar colgadas irregularmente a la red”, dijo.

Peñuela agregó que dotar del servicio a un ciudadano no quiere decir que se le titule la propiedad, eso le concierne a las autoridades competentes.

La gerente del Consorcio Alumbrado Público San José de Cúcuta, Marcela Quintero, aseguró que no se ha instalado el primer poste en La Fortaleza ni en las demás asentamientos subnormales.

Dijo que los trabajos que se vayan a adelantar en estos asentamientos dependerán del apoyo de Cens-Epm en la instalación de los transformadores.

No obstante, en la ciudad reina la duda de si el municipio está facultado para hacer inversión en este tipo de comunidades sin legalizar. 

La opinión de un experto

El veedor ciudadano Carlos Castro llamó la atención en lo que tiene que ver con los alcances de la sentencia de la Corte Constitucional. 

Dijo que no se puede tomar el fallo como una fórmula para promover invasiones. La Corte es clara al decir que los servicios públicos son esenciales y por eso no se pueden negar. Pero, de todas formas las invasiones en la ciudad son recurrentes, a tal punto que en los últimos cinco años han nacido más de cien en las escarpas.

Es cierto que en una ciudad como Cúcuta se volvió costumbre ocupar terrenos para luego vendérselos a personas que en realidad necesitan un lote. Sin embargo, la misión del gobierno es frenar que caigan más incautos, impedir que sigan apareciendo más invasiones. Lo que pasa es que si alguien es engañado con un programa fallido de vivienda, lo mínimo que debe hacer el Municipio es garantizarle a esta familia el acceso a los servicios.