La Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia abrió investigación preliminar contra el senador de la Colombia Humana Gustavo Petro Urrego, por recibir una cuantiosa suma de dinero en efectivo, que quedó grabado en un material fílmico.

Petro Urrego será escuchado en versión libre por los magistrados de la Corte, pero específicamente por el jurista César Augusto Reyes Medina, quien lleva el proceso del excandidato presidencial.

La Corte también tendrá en cuenta los testimonios de la senadora del Centro Democrático Paloma Valencia, quien fue la que reveló el video; el arquitecto Simón Vélez, el abogado Abelardo de la Espriella, así como de Juan Carlos Montes y su hija, Alejandra Montes.

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La investigación surge tras la polémica que ha generado el video revelado por la senadora Paloma Valencia durante el debate de control político al fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, el pasado 27 de noviembre, en la plenaria del Senado de la República.

Pese a que la investigación no se había abierto de manera formal, el senador Petro la estaba solicitando a la corporación que iniciará una investigación, prueba de ello fue la visita que hizo al Alto Tribunal en las horas de la tarde del pasado miércoles.

Ese día, el congresista llegó junto con su coequipera Ángela María Robledo, y aseguró que está a disposición de la Corte Suprema para adelantar su proceso. “Lo que Gustavo está haciendo es asumiendo su responsabilidad en cuanto al video”, dijo Robledo.

Este lunes, Petro, en un video publicado en su cuenta de Facebook, pidió disculpas a sus electores. “Tengo que pedirles perdón a mis electores por haberme puesto a recibir dinero en efectivo. Aunque eso no es delito, debí ser prudente y no lo fui”.

Horas más tarde, el Consejo Nacional Electoral (CNE) designó al magistrado César Abreu, para que evalúe los hechos relacionados con el video que se conoció. El magistrado tendrá que entregar un informe a la Sala Plena sobre si hay mérito o no para continuar con la investigación.

El presidente del CNE, Heriberto Sanabria, explicó que con la designación de un magistrado se evaluará si existe una “posible violación al régimen o los límites que contempla la ley colombiana en materia de financiación política, la procedencia de los recursos y la obligación que tienen los partidos y los candidatos de reportar a la autoridad electoral todo lo pertinente a la financiación de las campañas”.