Las comisiones séptimas conjuntas de Cámara y Senado aprobaron, en primer debate este miércoles, el proyecto de Ley 198 de 2018, que da a la Superintendencia de Salud facultades para actuar con sanciones más severas frente a casos de abuso y violación en la prestación del servicio de salud.

El Superintendente Nacional de Salud, Fabio Aristizábal Ángel, expresó que el respaldo unánime de los congresistas que integran las comisiones séptimas de Cámara y Senado, donde hay representación de 13 partidos, demuestra que la salud “no tiene un color político” y que, por el contrario, es un “tema de interés nacional sobre el que apremia una intervención más profunda y severa”.

El proyecto de ley, que se tramitaba con mensaje de urgencia, detalla que la Supersalud fortalecerá su capacidad sancionatoria con multas que pasarán de un máximo de 2.500 a 8.000 salarios mínimos para personas jurídicas y hasta de 2 mil salarios mínimos para personas naturales.

“Este monto fue ajustado por los mismos congresistas, pues el proyecto inicial planteaba que el máximo fuera hasta de 1.000. Eso es muestra clara del compromiso qué hay con la salud”, puntualizó Aristizábal Ángel.

Frente al incumplimiento de órdenes de contenido no pecuniario, emitidas en el marco de una sanción administrativa, la Supersalud podrá sancionar con hasta 3.000 salarios mínimos a personas jurídicas y hasta 300 salarios mínimos a personas naturales. “Si la Superintendencia ordena la entrega de un medicamento a una persona y la EPS no lo hace, podrá recibir las multas sucesivas hasta el monto estipulado, en caso de incumplimiento”, comentó el Superintendente Nacional de Salud.

Además de esto, la Supersalud podrá suspender el certificado de autorización, hacer cierres temporales o definitivos de uno o varios servicios y remover del cargo a los representantes legales, revisores fiscales y gerentes de EPS o de las demás entidades vigiladas e inhabilitarlos hasta por 15 años para ocupar cargos en entidades o instituciones públicas y privadas del Sistema General de Seguridad Social en Salud.

“En el proyecto también se propone la ampliación del término de la caducidad de la facultad sancionatoria de 3 a 5 años, teniendo en cuenta que los 3 años contemplados actualmente son insuficientes para resolver las etapas de inspección, vigilancia y control, en atención a la dificultad de los temas que se manejan y el alto volumen de procesos”, agregó el funcionario público.

Ante esto, el proyecto de ley plantea el aumento del término para decidir los recursos de vía gubernativa (reposición y apelación) de 1 a 2 años, e incorpora el silencio administrativo negativo (esto significa una respuesta negativa a lo solicitado) a efectos de garantizar la efectividad y eficiencia de las decisiones sancionatorias que emite la entidad y la protección de los derechos de los usuarios del Sistema General de Seguridad Social en Salud.

Entre los alcances también está el consolidar al Juez de la Superintendencia como un técnico de la salud, permitiéndole a la entidad emitir sentencias en tiempo y de manera eficiente principalmente sobre aquellos asuntos en los que se involucra directamente la salud de los usuarios.

Así mismo, fijar los límites a los procesos de reorganización para garantizar un correcto flujo de recursos y el pago de acreencias, con el objetivo de que no se diluyan las responsabilidades adquiridas por la entidad solicitante, especialmente, cuando se encuentran en medida especial.

“Con el fortalecimiento de la capacidad sancionatoria de la Supersalud, la modificación de los términos para decidir en la función jurisdiccional y el reenfoque de las facultades como juez de la salud en los asuntos técnicos y no en los administrativos, la Superintendencia contará con las herramientas necesarias para que quienes atentan contra los recursos de la salud no lo sigan haciendo”, sostuvo el Superintendente Aristizábal Ángel.

Tras el respaldo de las comisiones séptimas de Cámara y Senado, el proyecto de ley pasará la próxima semana a segundo debate en plenarias en las dos corporaciones y finalmente a sanción presidencial para convertirse en Ley de la República con el objetivo de que se dé esto antes de que finalice el 2018.

Por su parte el senador de Cambio Radical,  Fabián Castillo, aseguró con estas nuevas herramientas se fortalece a la Superintendencia de Salud, la cual en su criterio era de las que menos facultades tenía para imponer sanciones.

Castillo, aseguró que este proyecto, por ser de alto interés nacional, será muy discutido la otra semana en plenarias, pero está seguro que sí logrará ser ley este mismo año.