El procurador General, Fernando Carrillo Flórez, anunció que ha sido necesario frenar contrataciones fraudulentas en el país por al menos 500.000 millones de pesos. La acción la realizó en 10 departamentos.

“Esa es la lupa que hemos puesto con la Cámara (Cámara Colombiana de Infraestructura), para trabajar en materia preventiva, y no sólo hemos ahorrado medio billón de pesos de manera directa, evitando obras con problemas de toda naturaleza, sino que tenemos ya puesta la lupa sobre una contratación que llega casi a los 19 billones de pesos”, anunció el jefe del ente de control.

A juicio de Carrillo Flórez, el país no requeriría una reforma tributaria, tan solo es necesario combatir la corrupción. Su declaración se dio en el marco del  XV Congreso Nacional de Infraestructura llevado a cabo en Cartagena.

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“Decidimos en el ejercicio de una función preventiva, y subrayo preventiva, no disciplinaria, una función constitucional esencial de la Procuraduría General de la Nación; comenzar a trabajar conjuntamente, y hemos, además en términos económicos, frenado que centenares de miles de millones de pesos se fueran por el pozo séptico de la corrupción en materia de contratación de infraestructura”, anunció.

Carrillo Flórez reiteró la importancia de trabajar en alianza con el sector privado para luchar en contra de la corrupción, y recordó que es posible que impere la ética empresarial como punto de partida. “Todas estas reflexiones sobre la ética empresarial suponen una caja grande de herramientas, donde grandes transformaciones se pueden hacer”.

Entre tanto, el Procurador afirmó que continúan las investigaciones disciplinarias por presuntas irregularidades en los contratos para la ejecución de obras en la Empresa de Desarrollo Urbano (Edurbe), y advirtió que “no podemos permitir que los recursos de la primera infancia se canalicen a través de un instituto de esta naturaleza. Eso no tiene ninguna razón de ser”. 

A juicio de Carrillo Flórez, la empresa hoy investigada se ha convertido en una ‘vena rota’ para Cartagena y anunció que un equipo conjunto entre la Procuraduría y la Contraloría General de la República va a estudiar toda la contratación del Edurbe.

Además de ello, aseguró que desde el Ministerio Público continuarán con el seguimiento al Plan de Normalización Urbanística de la ciudad y la batalla por hacer respetar la ley en caso de los establecimientos de comercio del centro de Cartagena.

“Aquí hay regulaciones de bomberos que están siendo violadas permanentemente por los establecimientos de comercio. Aquí no estamos haciendo nada extraordinario, porque lamentablemente en este país por el solo hecho de solicitar el cumplimiento de la ley, se habla de actuaciones exorbitantes de la Procuraduría General, cuando lo mínimo que estamos pidiendo es el cumplimiento de normas elementales de convivencia ciudadana, que son claves para que no terminen en tragedias como la caída del edificio Blas de Lezo”.