Cúcuta ha superado muchas situaciones difíciles, pero la horrible cultura de la amenaza de muerte a quien sea y por cualquier motivo está viva, y el mundo político es el más propenso a este tipo de hechos.

Se amenaza porque sí o porque no, por cosas importantes o por trivialidades y en público o en privado, y a nombre propio o a nombre de otro, de ordinario una persona poderosa que puede cumplir las amenazas sin temblarle la mano, y sin que se preocupe por las consecuencias.

Líderes populares, dirigentes comunales, activistas políticos y veedores son los blancos preferidos.

Por estos días, por ejemplo, el barrio Belén está en ascuas: cuatro veedores que hicieron notar que en la cancha Maracaná se construyen unas obras que no  coinciden con las prometidas, fueron amenazados, pistola en mano, por un grupo de desconocidos que les ordenaron no volver a referirse a la situación.

El caso es que oficialmente prometieron un pequeño estadio, con la cancha de fútbol según los estándares reglamentarios, con tribuna y graderías, con una inversión de 2.837 millones de pesos.

La queja de los veedores cívicos se fundamenta en el hecho de que la cancha que construyen es para microfútbol y no tiene ni tribuna ni graderías, y rodeado todo de un ambiente de secretismo que los vecinos del barrio no se explican.

Y nadie da una explicación del cambio de planes, ni siquiera el concejal Oliverio Castellanos, quien ha expresado tanto interés en la obra que la visita todos los días.

El ambiente de amenazas no es nuevo, pero se ha acentuado en los últimos tiempos, adobado con secuestros relámpago, como el que dicen que tuvo que sufrir otro veedor hace algunas semanas, cuando fue secuestrado, montado a la fuerza en una camioneta por hombres con comportamiento militar, despojado del celular y hasta de parte de la ropa, revisado, y llevado a una videoconferencia a través de la cual el interlocutor le ofreció nombrarlo en un cargo municipal, a cambio de dejar su diaria actividad solidaria.

Ante su negativa, el interlocutor lo trató mal y le dijo procacidades. A partir de entonces, el veedor siente que su integridad corre tal riesgo que se ha visto a cambiar de vehículo varias veces al día.

La pregunta lógica de por qué esta persona no denuncia tiene una respuesta conocida: ¿para qué, si todo va a quedar en una denuncia que agravará las cosas?

Es de esperar que la visita del alto gobierno a Cúcuta al menos permita que este fenómeno criminal reciba alguna atención y, si no es mucho pedir, alguno de tantos organismos del Estado que tienen que ver con la Justicia asuma todas las investigaciones necesarias.

Es probable que en Bogotá estén convencidos de que lo que no sucede allá no ocurre. Pero esa visión centralista, que desprecia a las regiones, también deberá cambiar, a fin de que se comprenda que las amenazas y su cumplimiento es pan de cada día, en una región en la que, por la falta de presencia del Estado, cualquier situación difícil se resuelve con amenazas y a tiros. Y eso no puede continuar…