Después de 39 días, el Gobierno del presidente Iván Duque intenta corregir, a las carreras, y casi a regañadientes, su peor error de los primeros 100 días: tratar con desdén marcado a los estudiantes de las universidades públicas.

Hoy —no Duque, como lo piden los estudiantes desde el comienzo del paro, y como debería ser—, la ministra de Educación, María Victoria Angulo, se reunirá con estudiantes y maestros, luego de que el 7 de noviembre la mesa de diálogo se levantó ante la negativa de Duque de reunirse con los estudiantes.

Para esta oportunidad, ha habido señales de que las cosas están algo mejor de como estuvieron en los días de la violencia callejera durante las marchas contra la actitud presidencial y la carencia de dinero para sostener la universidad pública.

El partido de Gobierno y el presidente son ahora conscientes de que ya pasó el tiempo en que solo se gobernaba con base en acuerdos con las élites, y que los avances sociales imponen, como decía un viejo lema de campaña, ‘meterle pueblo’, para el caso, no solo rectores, sino maestros y estudiantes. En especial estudiantes.

Marginar a los jóvenes le significó a Duque un error muy difícil de reparar, así intente corregirlo con reuniones como la de hoy, porque la ruptura del diálogo produjo una radicalización pronunciada en las posiciones, y se apeló a la violencia bilateral para controlar lo incontrolable: las consecuencias de la realidad financiera de la universidad pública.

Duque pudo hablar con los estudiantes desde la posición de jefe del Gobierno, pero se negó, y ahora, a través de su ministra, tendrá que hacerlo entre iguales: los estudiantes ganaron poder con las marchas, y no querrán desaprovechar ninguna oportunidad para demostrarlo. Y la reunión de hoy en Bogotá es una buena ocasión.

Salvo una petición que pretende que se eliminen los sistemas de certificación de calidad —permitiría avalar a las peores universidades— las demás peticiones de los estudiantes están puestas en razón, y no tienen, como lo sugieren defensores de la administración, contenido partidista, como sí, obviamente, político.

Parte del problema tiene que ver con la insistencia oficial en el sentido de que el pasado gobierno le dejó el problema de la falta de financiación de la universidad, lo cual es muy parcialmente cierto, y que no hay modo de pagar la billonaria deuda del Estado con la universidad. La realidad es que el problema viene desde hace largos años, pero, al parecer, le corresponde a Duque hallarle la solución definitiva.

Uno de los puntos en los que el Gobierno tendrá que ceder, a riesgo de que el  problema financiero se mantenga, es el relacionado con el modelo de asignación de recursos de la Ley 30 de 1992, que establece que se hará con base en el Índice de precios al consumidor (Ipc). Rectores y estudiantes insisten, con toda razón, en que como ese indicador no crece, los recursos tampoco, y los problemas se agravan.

Ojalá en la reunión, el Gobierno —y, en general, los partidos políticos—, hoy puedan hacer conciencia de que la universidad son esencialmente los estudiantes, no los otros estamentos, y que es con ellos con quienes se tiene que hablar.

Pero es que cualquiera se radicaliza si en vez de recibir a quienes se debe, se recibe con honores a cantantes misóginos y machistas.