Después del gran desastre en que hundió al subcontinente latinoamericano, la constructora brasileña Odebrecht pretende pasar agachada en Colombia, y así eludir sanciones que necesariamente le corresponden por la oleada de sobornos de funcionarios en varios países.

En Colombia, los sobornos de Odebrecht conocidos suman 32,5 millones de dólares, una suma que escapa a cualquier dimensión de lo corrupto. Que todavía no sepa nadie en dónde está esa escandalosa suma no significa que se tenga que olvidar lo que hizo la empresa y permitirle continuar en Colombia.

Ofrece 106.000 millones de pesos de compensación por los daños causados a la Nación, a cambio de que le permitan continuar contratando con el Estado, en una actitud que muestra lo que es esa compañía, que valora la ética colombiana en esa ridícula suma.

En un caso de soborno multinacional como el que generó Odebrecht, hasta ahora solo se ha sancionado a algunos funcionarios de varios países y a empleados de la firma, que también debe ser sancionada, según lo indican la lógica y la razón.

En este sentido se pronunció Camilo Gómez, director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado que, en defensa de los intereses de Colombia, ‘está analizando la posibilidad de solicitar que se inhabilite a Odebrecht por 20 años’.

La de Gómez es una respuesta oficial a las pretensiones de Odebrecht que, basada en un tratado entre Colombia y España (porque tiene una filial allá), busca que nuestro país le pague 1.313 millones de dólares, argumentando expropiación ilegal de sus activos aquí. El equivalente es de 3,8 billones de pesos.

Significa, según Odebrecht, que además de ofendida, Colombia le sale a deber una millonada inmensa. Y si eso es así, cuando todavía no se plantea el veto a esa empresa, ¿por cuánto sería entonces la demanda, en caso de que la agencia jurídica materialice su idea de impedir que la empresa brasileña permanezca aquí durante los próximos 20 años?

A veces da la impresión de que el impedido de actuar es el Estado, y que, por ello, cualquiera puede demandarlo, en la seguridad de que obtendrá beneficios. El director Gómez dijo, por ejemplo, que en este momento el Estado afronta demandas por unos nueve billones de pesos (dos billones solo por razón de intereses), y si la tendencia de años anteriores se mantiene, serán nueve billones que hay que pagar.

Muchas de estas deudas son consecuencia de funcionarios corruptos que, al permitir que los procesos avancen sin obstáculo, contribuyen a que el único camino que quede sea pagar. Total, el dinero no es de esos funcionarios corruptos…

Es probable que las demandas de Odebrecht marchen más rápido que todas las investigaciones penales por los sobornos, en especial porque la Fiscalía adolece de una complicación severa: el fiscal Néstor Humberto Martínez está impedido para actuar, pues fue abogado del grupo Aval, una entidad vinculada a otras que fueron socias de Odebrecht durante el tiempo de los sobornos.

En todo caso, saber a dónde fueron a parar los 32,5 millones de dólares de los sobornos de Odebrecht debería ser una tarea prioritaria, con o sin fiscal general, y en ese empeño, hasta él podría convertirse en acicate para los investigadores.

Pero, claro, no estamos en un mundo ideal.