La Unión Europea (UE) aprobó este martes extender durante un año las sanciones contra Venezuela con las que busca presionar al gobierno de Nicolás Maduro para que restablezca la democracia y los derechos humanos en el país.

"A la vista del continuo deterioro de la situación en Venezuela, el Consejo [de la UE] ha decidido renovar las medidas restrictivas actualmente en vigor hasta el 14 de noviembre de 2019", anunció esta institución que representa a los países del bloque.

Los países confirman así las palabras días atrás de la jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini, quien reiteró que el bloque no piensa "suavizar su posición" pese a estudiar la creación de un "grupo de contacto" para "facilitar" una solución política.

La UE impuso en el último año sanciones contra Venezuela, país sumido en una crisis política, económica y humanitaria, por menoscabar, a su juicio, la democracia, el Estado de derecho y los derechos humanos.

El 13 de noviembre de 2017, el bloque adoptó su régimen general de sanciones contra el país latinoamericano e impuso un primer embargo de armas, así como de material susceptible de ser utilizado para fines de represión interna.

La elección de una Asamblea Constituyente, que la oposición venezolana ni la comunidad internacional reconoce, supuso el punto de inflexión para la UE, junto a los cuatro meses de protestas entre abril y julio de 2017 que dejaron unos 125 muertos.

Ante el "deterioro" de la situación en el país, el 22 de enero, los europeos decidieron sancionar a sus primeros siete altos cargos venezolanos, entre ellos Diosdado Cabello, número dos del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).

La UE le impuso a Cabello una congelación de activos y la prohibición de viajar al bloque, al igual que al resto de sancionados como el ministro del Interior, los presidentes del poder electoral y del Tribunal Supremo de Justicia, entre otros.

A raíz de los comicios presidenciales del 20 de mayo, que supusieron la reelección de Maduro y que boicotearon los principales partidos opositores, los europeos ampliaron su 'lista negra' a otros 11 altos cargos, entre ellos Delcy Rodríguez.

La inclusión de la vicepresidenta supone el mayor alto cargo sancionado por una UE que evita apuntar directamente al presidente venezolano para no romper los puentes de comunicación con el gobierno de este país, sumido en una profunda crisis.

Cerca de 1,9 millones de personas se fueron de Venezuela desde 2015, huyendo de la crisis económica y política que atraviesa el país, según la ONU. Unos 5.000 ciudadanos abandonan el país diariamente, en el mayor movimiento de población en la historia reciente de Latinoamérica.