Atendiendo la recomendación que hizo el presidente Iván Duque la semana pasada, su partido, el Centro Democrático, presentó este jueves ante el Congreso un proyecto de ley mediante el cual se busca reformar la Ley 996 de 2005, también conocida como Ley de Garantías Electorales.

La iniciativa es de autoría de los senadores Álvaro Uribe Vélez y Gabriel Velasco y lo que pretende es acabar con los obstáculos que les representa a los alcaldes y gobernadores su entrada en vigencia, pues durante casi un año tienen que meter al congelador la firma de contratos y convenios, frenando así la ejecución de sus  planes de desarrollo.

Así las cosas, esta nueva norma lo que plantea es que apenas cuatro meses antes de las elecciones se les prohíba a los gobernadores, alcaldes, secretarios de despacho, gerentes y directores de entidades descentralizadas, celebrar convenios interadministrativos con entidades del mismo nivel territorial para la ejecución de recursos públicos.

Quedarían exceptuados de dicha prohibición los convenios interadministrativos para la ejecución de recursos que celebren las entidades del orden nacional con las entidades territoriales, como también el aporte de recursos de las entidades territoriales a dichos convenios.

La nómina sería paralizada  tan solo cuatro meses antes de las elecciones, salvo que se trate de provisión de cargos por falta definitiva, con ocasión de muerte o renuncia irrevocable del cargo correspondiente, debidamente aceptada y en los casos de aplicación de las normas de carrera administrativa. 

Lo que sí se mantendría de la Ley es la prohibición que existe para el uso de los inmuebles o bienes de carácter público para actos proselitistas y la inauguración de obras o programas de carácter social, con presencia de candidatos.

También, el aparte que le prohíbe a los mandatarios participar, promover y destinar recursos públicos de las entidades a su cargo, como tampoco de las que participen como miembros de sus juntas directivas, para reuniones de carácter proselitista.