Yimy Aguablanca, del pueblo u’wa viajó 12 horas “por la trocha de la soberanía” para asistir al Consejo Departamental de Paz, en el que esperaba ver, escuchar y hacerse oír ante el Alto Comisionado de Paz, Miguel Ceballos, quien no atendió el clamor de los pobladores del Catatumbo y al área metropolitana, hastiados de asesinatos y guerra.

Aunque el funcionario se excusó y reconoció en una carta el trabajo del Consejo, y dejó un correo electrónico para comunicaciones, la decepción y evidente molestia por su ausencia, así como por el desmoronamiento de la sesión fueron evidentes.

Para varios participantes, la indolencia del Gobierno es aterradora, no solo por la inasistencia de Ceballos, sino también por la falta de propuestas y soluciones que ofrezcan una salida a la compleja situación que viven los habitantes del Catatumbo, presos de las amenazas y los enfrentamientos entre grupos armados. 

Según Enrique Pertuz, defensor de derechos humanos, “el gobierno ni raja ni presta el hacha”, pues la comisión mediadora encargada de buscar salidas a la guerra entre el Eln y el Epl no ha sido reconocida, y los muertos van en aumento.

“El Gobierno está interesado en meterle candela al Catatumbo, no en resolver el problema”, dijo. “Estamos maniatados”.

Por su parte, Judith Maldonado, vocera de la corporación Poderpaz, criticó que el Gobierno Nacional tenga paralizadas todas las iniciativas del Consejo, mientras las autoridades locales están ausentes, “y su región hecha un caldero”.

Lamentó la persecución abierta contra Ascamcat, pero recordó que “empiezan por allí” y siguen con las demás organizaciones. 

“Ahora sí estamos jodidos, porque los actores insurgentes y revolucionarios están declarando objetivo militar a las organizaciones sociales porque firmaron el acuerdo de paz, porque lo promueven, porque quieren buscar soluciones a los cultivos de uso ilícito”, declaró. 

Así mismo, cuestionó el rol del Senado, que “nos está mamando gallo” con la visita de la comisión accidental de paz aplazada varias veces.

Durante la sesión, Orlay Montagut, funcionario de la Personería de San Calixto denunció que tuvo que huir del territorio porque un grupo armado lo amenazó y antes de anoche salió con su esposa y su bebé de 19 meses. Pidió que se aceleren las rutas de emergencia para atender a los líderes porque hay un “correo de la muerte”, en el que la institucionalidad competente informa que los requerimientos se atienden en 10 días, mientras los líderes sobreviven a las amenazas.

Por su parte, Wilder Franco, de la Comisión por la vida, la reconciliación y la paz advirtió que “está muy difícil ejercer el trabajo” como líderes, a la vez que Yermín Sanguino recordó que en la región no solo están las guerrillas sino también la disidencia de las Farc.

Wilfredo Cañizares, director de la Fundación Progresar, recordó  que la obligación de los funcionarios y del mismo Consejo Departamental de Paz es buscar alternativas para proteger a la población que está en riesgo, pero eso no se está cumpliendo.  

Aseguró que no solo el Catatumbo está bajo amenaza, pues el área metropolitana de Cúcuta deja en el último mes 15 desaparecidos, razón por la que exigió saber “si hay autoridad o no, porque no podemos pasar de agache, vendiendo la idea de que la región está bien”.