Si el Presupuesto General de la Nación (PGN) se gastara en porciones iguales, los 258,99 billones de pesos aprobados por el Congreso para el próximo año podrían ejecutarse a razón de 709.580 millones por día, cifra similar a la que facturan en un año empresas como Yanbal o Constructora Colpatria.

Pero, los dineros hay que conseguirlos para luego darles una destinación. En las cuentas del Ministerio de Hacienda se estima que por concepto de ingresos, rentas y fondos especiales se recaudarán 244,99 billones de pesos, un 5,6 % más que los 232,06 billones del año anterior.

El aumento de 12,92 billones obedece a los pronósticos que el Grupo Técnico Minero Energético elaboró sobre el precio del petróleo, en los que contempla que el barril de crudo (referencia Brent) se cotizará en promedio en 65 dólares durante 2019 y 2020.

A pesar de esa mejora, que supone mayores ingresos para el país, la estimación de gastos es superior en 14 billones de pesos, por lo que el desbalance a juicio del representante a la Cámara por Antioquia, Óscar Darío Pérez, deberá equilibrarse mediante una reforma tributaria (o Ley de Financiamiento como la denomina el Ministerio de Hacienda).

Ese faltante afectaría la financiación de programas sociales y de inversión. No obstante, el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, explicó que el ajuste se logrará con: “Disminuciones en el gasto innecesario, en el gasto suntuario, esfuerzos que ya se han venido adelantando, con la revisión de los precios del petróleo y la disponibilidad de algunas rentas”.

La distribución

Mientras se consigue el equilibrio en los ingresos estatales, la lista de egresos o gastos está fraccionada en tres grandes rubros: inversión 46,82 billones de pesos; funcionamiento 160,2 billones y pago de la deuda 51,31 billones.

Por áreas, la mayor destinación fue para el sector educativo con 41,4 billones de pesos, pero el 89,8 % se utilizará en funcionamiento. Es decir el pago de salarios y prestaciones a los docentes, y giros al Sistema General de Participaciones del Ministerio de Educación, entre otros ítem.

La asignación final fue mayor a los 38,7 billones que contenía la propuesta que se llevó a primer debate en el Congreso en agosto, y que recibió presiones de las universidades públicas que alertaron de su desfinanciación.

La senadora María del Rosario Guerra, destacó que con esa partida presupuestal, por ejemplo, el Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (Icetex) beneficiará a 339 mil colombianos de bajos recursos.

Salud, a su turno, fue uno de los sectores que tuvo un incremento mayor en el presupuesto (30,7 %) en comparación con el año anterior, al pasar de 24,7 billones a 32,3 billones de pesos, pero el 97,9 % cubrirá el funcionamiento del Ministerio y entidades como el Instituto Nacional de Salud, la Superintendencia del ramo y el Instituto de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima).

Desde de la óptica de los pacientes, el presidente de la Fundación Red de Apoyo Social de Antioquia (Rasa), Gustavo Campillo, manifestó que la necesidad de vigilar para que esa mayor asignación de recursos no se despilfarre.

“Percibo que el aumento se da para apostarle a la línea de punto final, con la que el gobierno busca definir las acreencias que existen entre los agentes del sistema de salud y conciliar esas cuentas. Además, se busca fortalecer la Superintendencia de Salud para que ejerza sus funciones de vigilancia y control”, dijo.

Por el lado de las inversiones, el mayor monto (10,2 billones de pesos) corresponderá a los programas de inclusión social y reconciliación que estarán a cargo del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, la Unidad de Atención y Reparación Integral de Víctimas y el Centro de Memoria Histórica.

Finalmente, otros 51,31 billones de pesos (el 19,8 % del presupuesto) irán el año que viene a pagar la deuda y sus intereses, valor superior al que se destinará a la inversión.