A propósito de la controversia sobre supuestos miembros del Eln que habrían pedido pista en la Jurisdicción Especial para la Paz, el tema volvió a la agenda este jueves con dos nuevos componentes. Por un lado, un pronunciamiento de la JEP y una carta del Gobierno dirigida a la Fiscalía en la que advierten que los integrantes de la banda ‘La llamarada’ no fueron incluidos en los listados entregados por los miembros de la exguerrilla de las Farc.  

La llamarada es una supuesta célula urbana del Eln a quien acusan de varios actos de terrorismo en Bogotá perpetrados en 2014, entre ellos los disturbios en la Universidad Nacional y la explosión de bombas panfletarias con propaganda de ese grupo guerrillero.

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El tema surgió el miércoles a propósito de una declaración de Néstor Humberto Martínez a la salida de una reunión en la Comisión de Paz del Congreso a la que también asistió la presidenta de la JEP, Patricia Linares. El fiscal comentó que un “magistrado de la Jurisdicción Especial de paz tomó la decisión de asumir la competencia del grupo Llamarada, que es una célula urbana del Eln”.

Las alarmas se encendieron por la presencia de estos ‘colados’ ante esa instancia. La primera información que surgió daba cuenta de que los 13 integrantes de esa célula habrían llegado a través de uno de los listados que la exguerrilla de las Farc entregó al alto gobierno. Pero, una carta firmada por Antonio Quiñoes Valero, director temático de la Presidencia, desestimó esa versión.

“Luis Daniel Jiménez Calderón, Paola Andrea Salgado Piedrahita, Sergio Esteban Segura Güiza, Víctor Orlando Ariza Gutiérrez, Feliz Mauricio Augusto Gutiérrez, John Fernando Acosta Bogotá, Andrés Felipe Rodríguez, Daniel Eduardo Hernández, Heller Anderson Lamprea, Lorena Romo Muñoz, David Camilo Rodríguez, Liseth Acosta Bogotá y Gerson Yacumal Ruiz no han sido ni serán acreditados como integrantes de esta organización (Farc) como parte de esta Oficina”, se lee en la misiva.

Quiñones Valero le dirige el documento a la vicefiscal María Paulina Riveros, “en respuesta a solicitud por precisas instrucciones impartidas por el Alto comisionado para la paz, Miguel Ceballos”.

Tras la carta, desde la JEP emitieron un comunicado en el que, en efecto, se recibió la solicitud pero que la misma no ha sido resuelta por parte de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas.

“No se puede decir que esas personas se hayan sometido a la JEP y vayan a recibir beneficios jurídicos. Esas personas, simplemente, hicieron una solicitud”, advierte el organismo.