La Sala Plena de la Corte Constitucional decidió que no es viable poner un límite de tiempo para la interrupción voluntaria del embarazo y mantuvo las tres causales de aborto legal en Colombia, esto tras más de 9 horas de discusión al interior del alto tribunal.

Con una votación de seis a favor y tres en contra, la corporación rechazó la ponencia de la magistrada Cristiana Pardo, en la cual se establecía como límite de tiempo las 24 semanas de gestación para poder realizar la interrupción voluntaria del embarazo.

La decisión se tomó luego de que la Corte acogiera la tutela de una mujer de 33 años, que con 26 semanas de embarazo solicitó a su EPS que se le realizara el procedimiento debido a que su bebé venía con una serie de irregularidades, petición que fue negada en tres centros hospitalarios de Bogotá.

La mujer al ver la negativa interpuso una acción de tutela y fue la jueza 36 penal municipal de Bogotá que, como medida provisional y sin fallar de fondo el caso, autorizó la interrupción Voluntaria del Embarazo, por lo que el aborto se llevó a cabo al día siguiente.

El presidente de la Corte Constitucional, magistrado Alejandro Linares, explicó que las tres causales de aborto legal se presentan cuando el embarazo implica un riesgo para la vida o salud de la madre, cuando hay malformaciones del feto y cuando es producto de una violación.

“A los médicos es a los que les corresponde decidir sobre estás causales y la Corte exhortó al Congreso de la República para que ejerza su libertad de configuración legislativa en materia de aborto y en particular, sí así lo considera, para que regule el tema de los plazos, por lo pronto la Corte se mantiene en sus decisión”, dijo Linares.

Para el magistrado José Fernando Reyes Cuartas, en este momento existe todo tipo de barreras y de trabas para que las mujeres soliciten el acceso al servicio de Interrumpir Voluntariamente el Embarazo, “teniendo que acudir a la acción de tutela para lograr que se garantice su derecho a la atención debida con consecuencias irreversibles que obligan a que se practiquen de forma indebida con grave peligro para su salud”.

En este caso, el magistrado anunció que se evidencia un incumplimiento de los compromisos internacionales que asumió el Estado Colombiano, por lo que es necesario garantizar el derecho de las mujeres a decidir de manera autónoma en la práctica del aborto en los casos permitidos.

“Entre otras consideraciones, en esta sentencia la Corte hizo énfasis en la importancia del certificado médico cuando la continuación del embarazo constituya un peligro para la vida y salud de la mujer y, dos, cuando existan graves malformaciones del feto que haga inviable su vida”, dijo el magistrado.

Opositores

Desde que el alto tribunal empezó el estudio de dicha tutela, el tema ha sido cuestionado desde todos los sectores. El defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negrete, hizo un llamado a la Corte este martes para que “la decisión quede como venía desde 2006, porque esa es una decisión que fue garantista y humanista, lo que le va a permitir a las mujeres seguir decidiendo sus propios asuntos".

Erika Guevara Rosas, directora de Amnistía Internacional para las Américas, también se opuso desde un principio al estudio de un límite para el aborto legal en Colombia y catalogó, en su momento, como “preocupante” que la decisión tomada en un principio por la Corte fuera a ser modificada de alguna manera.

“Sería muy preocupante que la decisión no cumpla con el principio de no regresividad de los derechos humanos, al establecer limitaciones desproporcionadas e injustificadas a los derechos adquiridos mediante sentencia C-355 de 2006, en la cual se establecieron tres causales para el acceso al aborto legal: cuando la salud o la vida de la mujer está en riesgo, cuando se presente incompatibilidad con la vida fuera del útero o cuando el embarazo sea resultado de violación", aseguró.

A juicio de Guevara Rosas, la Corte Constitucional ha tomado decisiones que han sido un “ejemplo a seguir" en materia de protección de derechos humanos. Por lo que imponer limitaciones adicionales al acceso al aborto legal constituiría un retroceso que pondría en riesgo la vida y la salud de las mujeres.

"En todo caso, la Corte debería avanzar en su jurisprudencia y derribar las barreras que hoy enfrentan miles de mujeres, especialmente aquellas que viven en zonas rurales apartadas, con acceso restringido a los servicios de salud adecuados", señaló en su momento.

De acuerdo con Guevara Rosas, en julio de este año, Amnistía Internacional presentó una opinión ante la Corte haciendo un llamado para que la decisión se ajuste a los estándares internacionales de derechos humanos y proteja de manera integral el derecho al aborto legal y seguro en Colombia.

“La denegación o limitación al acceso al aborto legal y seguro puede constituir tortura o trato cruel, inhumano o degradante. Ninguna mujer debe ser obligada a mantener un embarazo que constituye un riesgo para su vida, salud o integridad. Ninguna mujer sobreviviente de violencia sexual puede ser obligada a mantener un embarazo si no lo desea. Es deber del Estado colombiano reconocer que limitar un derecho, adquirido hace más de 10 años, constituiría una forma de violencia contra las mujeres”, agregó.

Otra negativa se presentó el pasado martes 9 de octubre por el Centro de Derechos Reproductivos, la Mesa por la Salud y la Vida de las Mujeres, Profamilia, Católicas por el Derecho a Decidir Colombia, Women’s Link Worldwide y Dejusticia, que manifestaron su temor por la posibilidad latente de que la Corte limitara las semanas en las que una mujer puede acceder a la interrupción voluntaria.