El decreto 660 de 2018, que creó y reglamentó un programa integral de seguridad y protección para comunidades y organizaciones sociales, y que se comenzaría a aplicar en El Tarra cuando ocurrió la masacre de 9 personas, está suspendido desde el gobierno de Juan Manuel Santos y no se ha reactivado en el mandato del presidente Iván Duque, según manifestó el secretario departamental de víctimas, paz y posconflicto, Luis Fernando Niño.

Niño indicó que los líderes sociales reiteran la necesitad de que se aplique de manera urgente el decreto, dada la continuidad de amenazas que reciben en diversas zonas del departamento.

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El funcionario señaló que aún no se conoce la totalidad de las cifras de los amenazados, pues aún algunos deben avanzar en requisitos como las denuncias ante la Fiscalía y la solicitud de protección ante la UNP.

Así mismo, que se les reconozca como líderes sociales, e integrantes de una organización social, y que tengan una inscripción oficial a ellas. 

“No cualquier persona es un líder, y ese es el debate que se está dando, sobre quiénes son realmente los líderes sociales”, dijo. “Si lo ponemos en plural, todos somos defensores de la paz y los derechos humanos, pero en si lo ponemos en lo particular debo pertenecer a una organización con una credibilidad y reconocimiento de la sociedad civil”.

El funcionario también se mostró preocupado por la situación de violencia en Norte de Santander, y anunció que el próximo 24 de octubre se reactivará el consejo departamental de paz, con miras a abordar estos y otros temas.