Diciembre es el mes de las hayacas, los buñuelos y la natilla. En las calles, ríos de personas cargan regalos. Los villancicos y el ‘chucu chucu’ son la música de moda. El ambiente es de fiesta, pero para Santurbán, páramo estratégico del oriente colombiano, es un mes donde el sol se oculta y la neblina cubre el encanto de los majestuosos paisajes.

El 19 de diciembre de 2014, mientras el interés de la ciudadanía estaba puesto en las fiestas decembrinas, el entonces gobierno de Juan Manuel Santos delimitó el páramo Santurbán. La Resolución 2090 del Ministerio de Ambiente, así lo confirmó.

Ese día, “se configuró el engañó más grande en la historia ambiental del país. La Resolución 2090 terminó siendo acomodaticia de las mineras, desvirtuando el concepto de páramo, pues, sin argumento científico, se divorcia del criterio del Instituto Alexander Von Humboldt y escinde más de 30.000 hectáreas, cifra muy similar a las concesionadas en títulos mineros en Santurbán”.

La teoría de Erwing Rodríguez-Salah, integrante del Comité para la Defensa del Agua y Santurbán, se sustenta en lo que él llamó “el teatro de lo absurdo, que se inició con una feria de títulos mineros y luego, el Gobierno, consciente de que no se podía hacer minería en los páramos, cometió la barbaridad de volverlos a delimitar, con las mineras tras bambalinas al acecho”.

Antes de gestarse la delimitación de páramos en Colombia, los mismos estaban definidos por el Atlas del Instituto Humboldt. Santurbán tenía como área de páramo más de 130.000 hectáreas y con la Resolución 2090, tan solo 99.000 quedaron bajo esta figura. En las restantes, concebidas como de restauración y de agricultura sostenible, se permitiría la minería, tal como lo aseguró el ministro de Ambiente de la época, Gabriel Vallejo.

Las marchas, que tuvieron como precedente la movilización del 25 de febrero de 2011, en Bucaramanga (participaron alrededor de 45.000 personas), continuaron. 

Para la época, Rodríguez-Salah, promotor de la gran movilización social en Santander, donde el impacto minero es muy superior al de Norte de Santander, oficiaba como director ejecutivo de Fenalco Santander y a él se le debe la inclusión de todos los sectores sociales para que de manera pacífica se le exigiera al Gobierno garantizar el agua y conservar a Santurbán.

Realidad en Norte

Tras la delimitación con la Resolución 2090 -actualmente en ajustes por decisión de la Corte Constitucional-, se les dio a las Corporaciones Autónomas de Santander y de Norte de Santander tres años para hacer la zonificación del páramo.

Para este caso nos remitiremos a lo hecho en Norte de Santander y de acuerdo con el director de Corponor, Gregorio Angarita Lamk, hay momentos claves. 

“Se designó un equipo técnico con el ingeniero Sergio Niño a la cabeza y para la zonificación se definió un modelo predio a predio, en el entendido de que en el páramo habitan familias campesinas, hay actividades productivas en fincas y esto no se podía desconocer”. 

Producto de ese trabajo predio a predio, el equipo técnico de Corponor evidenció en campo que el mapa para Santurbán definido por el Ministerio de Ambiente no coincidía con la realidad regional.

“Una reflexión es que el 70 por ciento de la gente que ocupa los predios no tiene la titularidad de los terrenos, pero sí un compromiso ancestral con la conservación del páramo. Con la zonificación se han identificado las actividades, pero no tenemos competencia para legalizar los predios”, dijo Angarita.

Para el director, la Corporación venía haciendo un trabajo coordinado cuando surgió la decisión de la Corte Constitucional de ordenarle al Minambiente ajustar la delimitación, teniendo en cuenta a las comunidades para no vulnerarles los derechos.

En ese momento Corponor asumió un rol de garante de la participación de la comunidad, tal como la Corporación Autónoma de Santander (CAS), la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo.

“Procuramos en esta fase que los habitantes de los 20 municipios de Norte de Santander incluidos en la delimitación, conocieran en detalle lo que significa hacer una delimitación. Se hizo claridad en que las familias asentadas en la zona no serían desalojadas y que quienes tienen actividades no compatibles con el ambiente deben sustituirlas”, precisó Angarita.

Como parte del ejercicio predio a predio, explicó Niño que en las reuniones con las comunidades se analizó caso por caso, y utilizando mapas satelitales, los campesinos podían ubicar a través de una pantalla su predio y ver en que condición estaba.

Comunidad revisa en los mapas dónde quedan sus predios. (Foto Cortesía)

Ahora bien, el director Angarita ha hecho énfasis en que la efectividad de los procesos de reconversión dependen de los recursos que se destinen y para ello debe existir un compromiso integral del Estado.

“El Ministerio de Hacienda debe destinar los dineros, el Ministerio de Minas apalancar la reconversión, el Ministerio de Agricultura dar alternativas de sustitución y lógicamente el Ministerio de Ambiente con sus conceptos”.

Como garante de la participación de la Comunidad, Corponor hizo objeciones a la estrategia del Minambiente de definir nueve nodos para reuniones. “El hecho de hacerlas en Pamplona no garantizaba que fueran a llegar los habitantes de Chitagá, Cácota, Silos y demás municipios de la Provincia”.

“Después, el Ministerio -durante el gobierno Santos- intentó hacer visitas a los municipios, pero no tuvo en cuenta a la Corporación y contrató a un equipo de personas que visitaron siete. Cuando nos enteramos, objetamos esa metodología y el Ministerio suspendió el proceso”, dijo Angarita.

Para el director, si la Corporación tiene un insumo predio a predio, hay un terreno abonado con datos reales en campo que evidencian que cada finca tiene una destinación específica.

Cambio de gobierno

La llegada de Iván Duque Márquez a la Presidencia y la designación del bumangués Ricardo José Lozano Picón como ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, fue un mensaje claro para los habitantes de Santander y de Norte de Santander, frente al interés por subsanar los errores del pasado.

Tras revisar el proceso de ajuste y argumentar retrasos, el Gobierno pidió ocho meses de prórroga para cumplir con lo ordenado por la Corte Constitucional. Ese plazo, dado por el Tribunal Administrativo de Santander, se vence el 16 de julio de 2019. (Ver línea de tiempo: Hechos trascendentales)

Ahora bien, “tenemos que ser conscientes de la necesidad de que el Ministerio articule esfuerzos con la Corporación para garantizar la participación de alcaldes, concejales, personeros, dirigentes comunales, campesinos, veedores y oenegés”, dijo Angarita.

Para él, es vital que teniéndose claro que la estrategia de nodos no fue la más funcional, se vire a un modelo incluyente que facilite la integración de todos los actores sociales.

“Hay que responder a la expectativa de la gente frente a la titularidad de los predios. Si un grupo familiar tiene más de 100 años en un predio, cómo se le va a pedir de un día para otro que se retire. En cambio, si se argumenta que con ocasión de la delimitación el Gobierno va a sacar una Ley que les permita legalizarse, se van a generar sinergias para favorecer el trabajo en equipo”.

Adicional a ello, Niño argumentó que como parte del trabajo predio a predio hecho por Corponor y las declaratorias de Parques Naturales Regionales (PNR) -cuatro que suman 62.478 hectáreas protegidas-, se quiere proponer al Ministerio un mapa de gestión integral del territorio.

El mismo podría tener alrededor de 122.000 hectáreas, si se tienen en cuenta los PNR, cuya extensión en gran medida está por fuera de los límites definidos según la Resolución 2090.

Ministro Lozano tiene la misión de integrar

La letra escrita perdura en el tiempo y tal es el caso del ministro de Ambiente, Ricardo Lozano, quien el 26 de abril de 2015, en una columna de opinión publicada por el diario El Colombiano y titulada: De Santander para Colombia, sentó su postura sobre la delimitación de Santurbán.

Lozano, geólogo, exdirector del Ideam y del Centro Nacional de Agua de la Andi; escribió que “los santandereanos no quieren una metodología de delimitación del páramo basada en la minería. Y tienen razón. La delimitación se hace con base en los factores físicos y biológicos que lo conforman, no solo en los factores económicos o sociales que lo afectan”.

En estas líneas, Lozano también argumentó que “el de Santurbán no fue un mapa de páramos hecho para su conservación, sino un mapa hecho también por mineros para su explotación”.

Así, se espera ahora que el ministro continúe con esta firme posición.

Habla el Minambiente

“Al Tribunal Administrativo de Santander le entregamos el cronograma que solicitó y todo el insumo de comunicaciones. El reto ahora es hacer que la comunidad entienda el lenguaje científico y que podamos dialogar de manera razonable frente a las necesidades que se tienen”, dijo el ministro Lozano.

De acuerdo con el titular de la cartera ambiental, en el ejercicio de ordenamiento son conscientes de que en las áreas protegidas viven personas y uno de los principios del Gobierno es la equidad.

Frente al predio a predio elaborado por Corponor, dijo que se tendrá en cuenta toda vez que uno de los pedidos de la Corte Constitucional es el trabajo local y “entendemos que hay vocaciones diferentes en uno y otro municipio”.

A la propuesta de tener un mapa integral del territorio, incluyendo los cuatro Parques Naturales Regionales, Lozano dijo que si bien la delimitación es competencia del ministerio a su cargo, la zonificación es tarea de las Corporaciones y se revisará el tema.

“A finales de octubre estaremos en la región. Lo importante es que seremos garantes para que la participación sea eficaz, con concertación constructiva”.

El ministro Lozano señaló que se está avanzando en los programas de reconversión mediante un ejercicio que integra a varios ministerios y a la Presidencia de la República.

A la inquietud frente a las áreas que se van a tener en cuenta para la reconversión, si solo las de páramo o también las denominadas de restauración y de agricultura sostenible, dijo que eso dependerá de la concertación con las comunidades.

“Para nosotros es claro generar una política de prevención de conflictos. En Bucaramanga se habilitarán dos centros de prevención de conflictos, uno para la macrocuenca Magdalena-Cauca y otro para el tema socioambiental”.