Dubán Andrés Carreño Ángel, señalado de pertenecer a la disidencia del Epl, también conocida como Los Pelusos, que estaba delinquiendo en Cúcuta, junto a otros hombres, aceptó los cargos por concierto para delinquir agravado, con fines de tráfico de drogas.

Carreño Ángel fue detenido el pasado 9 de abril en desarrollo de varios allanamientos en los barrios Buenos Aires, La Laguna, Ospina Pérez, Motilones, Colombia I y La Ermita, entre otros.

Las detenciones se cumplieron en un trabajo conjunto entre las Seccionales de Investigación Criminal e Inteligencia Policial, de la mano con la Fiscalía, en una operación denominada Heracles.

“Las investigaciones señalan que este grupo, con presencia en la ciudadela Juan Atalaya, sería el encargado de realizar homicidios selectivos, porte ilegal de armas de fuego, lesiones personales, exigencias de dinero a reconocidos comerciantes y a trabajadores de empresas de transporte público”, señaló el boletín de la Policía.

Según la Fiscalía, Carreño Ángel se la pasaba armado con alias Pistolón pasándole revista a los vendedores de sustancias estupefacientes, recogiendo y entregando más mercancía para la venta, teniendo como zona de injerencia la Ciudadela de Juan Atalaya.

Según las autoridades, como fuente de financiamiento, los aprehendidos, tendrían el tráfico local de estupefacientes en menores cantidades. Además, serían los encargados de intimidar y extorsionar a los ciudadanos mediante panfletos y grafitis. 

Entre las acciones que se les atribuyen estarían al menos seis homicidios ocurridos en las comunas seis, siete y ocho pertenecientes a la ciudadela Juan Atalaya.

Entre los detenidos estaba el cabecilla Pistolón, Yeyo, segundo al mando; Talo, jefe de sicarios; Payaso, cabecilla del sector Colombia 1, y Pinky, cabecilla red de expendedores y colaboradores. 

Según se conoció, los implicados traerían la droga desde el municipio de Tibú para su posterior distribución en la capital nortesantandereana.

Preacuerdo

Tras el operativo, Carreño Ángel fue presentado ante el Juzgado Segundo Penal, con función de control de garantías, que legalizó su captura y le impuso medida de aseguramiento en prisión.

Posteriormente, llegó a un preacuerdo con la Fiscalía y a cambio de aceptar su responsabilidad en los hechos recibió un descuento del 50 por ciento en la pena. Dicho preacuerdo fue presentado ante un juzgado especializado de Cúcuta que lo aprobó y sentenció a 4 años de prisión, además de pagar una multa de 1.350 salarios mínimos legales mensuales vigentes a favor del Estado.