Sin ser considerados los tiempos más duros de la confrontación armada por la salida de las Farc del mapa de las hostilidades tras el Acuerdo, el presupuesto militar en los últimos cinco años en Colombia no ha bajado de los 8 mil millones de dólares y, solo en 2017 y lo que va de 2018, se gastaron USD$9.714 millones en este rubro.

En los cuatro años que duró la negociación con este grupo guerrillero, lapso en el que el Centro de Recursos para Análisis de Conflictos, Cerac, registró una reducción de las acciones armadas en un 98% al pasar de 1,51 a 0.03 diarias “llegando a sus niveles mínimos en 52 años en número de víctimas, combatientes muertos y heridos”, el gasto militar en Colombia ascendió a 43.258 millones de dólares, registro hecho por el Instituto Internacional de Investigación sobe la Paz de Estocolmo, Sipri, por sus siglas en inglés.

El incremento de un gasto militar, aun en países como Colombia que acaba de firmar la paz con uno de los grupos más violentos en la historia del conflicto armado, y tiene otro proceso suspendido con el Eln, es motivo de preocupación para las autoridades del mundo. Dice Jan Eliasson, presidente de la Junta Directiva de Sipri, que este tipo de decisiones “minan la búsqueda de soluciones pacíficas a los conflictos de todo el mundo”.

Este aumento en el gasto llevó a Colombia a ocupar el segundo puesto en Suramérica, después de Brasil, y el cuarto en todo el continente americano.

¿Por qué tan alto el gasto?

Un mes después de su posesión como ministro de Defensa, Guillermo Botero, aseveró que solicitaría un aumento del presupuesto en 1.1 billones de pesos para esta cartera que agrupa a la Fuerza Pública, encargada de brindar seguridad a los colombianos.

“Necesitamos una asignación algo superior para el presupuesto de inversión, que nos permitiría enfrentar los avances tecnológicos con mayor claridad”, dijo Botero.

Sin contar más detalles, el nuevo minDefensa indicó que las Fuerzas Militares y de Policía deben garantizar en todo el territorio la defensa “de la vida, la honra y los bienes de los ciudadanos”, y en esta vía se buscaría el fortalecimiento de los integrantes de la Fuerza Pública para enfrentar las nuevas amenazas. Además, habló de un posible “fortalecimiento del sistema de defensa antiaérea multicapa a nivel nacional”, expresión que le desencadenó una lluvia de críticas, por lo que tuvo que salir a retractarse de tal aseveración.

No obstante, en el Plan Estratégico de este ministerio quedó consignado que “será fundamental conservar unas Fuerzas Armadas motivadas, modernas, fortalecidas y eficientes, a fin de garantizar la irreversibilidad de los acuerdos alcanzados y enfrentar de manera decisiva el resurgimiento o desarrollo de nuevas amenazas”, y la única forma de conseguir este objetivo es con el fortalecimiento del presupuesto militar.

Bajo esa premisa, Jairo Delgado, general (r) de la Policía y analista en seguridad y defensa nacional, califica como normal este alto flujo de dinero, más porque con la salida de las Farc de los territorios hubo que devolver tropas hasta zonas muy alejadas, y esto requiere gastos de logística.

“Se necesita una cobertura territorial en zonas donde hace muchos años se tuvieron que retirar unidades policiales y volver a llevarlas demanda gastos logísticos y mejorar el pie de fuerza. Esto involucra incorporar un número de hombres y mujeres que pudieran atender esas necesidades. En el aspecto de confrontación armada, se necesitarían nuevos pertrechos, vehículos fluviales y nuevas armas”, indicó Delgado.

Afirma el general (r) que es “un gasto necesario”, pero no se puede incurrir en el error de pensar que Colombia entró en una carrera armamentista, pero “hay un déficit en la capacidad de armamento persuasivo si se compara con otras fuerzas del continente”.

Delgado añade un elemento más a la justificación del elevado gasto: la lucha contra el narcotráfico y los cultivos de uso ilícito que de acuerdo al último informe de la Oficina contra las Drogas y el Crimen, UNODC, aumentaron el número de hectáreas sembradas al pasar de 146.000 en 2016 a 171.000 en 2017.

“Este delito representa una situación de alta inestabilidad y problemas de seguridad. Ahora hay que combatir estructuras transnacionales y eso demanda recursos adicionales como el uso de helicópteros, aviones y otros instrumentos”, expresa Delgado.

Esta misma percepción la tiene el analista del conflicto armado, Juan Carlos Ortega. Este especialista considera que aunque las Farc ya no están entre los objetivos principales a perseguir por la Fuerza Pública, nuevas amenazas se ciernen sobre el territorio colombiano y es necesario combatirlas efectivamente para evitar que los niveles de violencia vuelvan a presentarse.

“Ahora salieron las disidencias, otro grupo armado ilegal que requiere atención del Estado porque está afectando a las comunidades más alejadas. Por ejemplo: ¿cuánto cree que se han gastado buscando a alias Guacho. El despliegue de tropas ha sido grande para dar con el paradero de una persona que hasta hace unos meses no representaba un dolor de cabeza para las autoridades”, comenta Ortega.

Y no es solo “Guacho”, agrega el experto, “son otros grupos que han llegado a los territorios, lo que representa un doble esfuerzo de las Fuerzas Militares para combatir a los nuevos grupos ilegales”.

“Es un despilfarro”

Con el inicio del posacuerdo y la necesidad de un presupuesto alto para la implementación de los puntos del proceso entre el Gobierno y las Farc después del desarme de esta guerrilla, que se mantenga un gasto tan alto es para Camilo González Posso, director del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, Indepaz, un despilfarro.

González asevera que no hay justificación para mantener un gasto militar tan alto, máxime cuando en programas como la reforma rural integral consagrada en el Acuerdo, se necesitan mínimo 3 billones de pesos, y los problemas que se presentan con la reincorporación, cuyo costo de 6.35 billones para los próximos ocho años busca ser garantizado mediante un documento Conpes, tienen grandes falencias económicas.

“El ministerio de Defensa tiene un exceso y gasto superior a los puntos del PIB durante una década, y esto era justificado por la confrontación con las Farc, ahora sin ellos no hay justificación”, comentó González Posso.

El director de Indepaz asevera que estos recursos podrían invertirse en lo social y para solucionar los problemas que trae el posacuerdo en zonas en las que la ausencia estatal estuvo presente en más de cinco décadas de conflicto.

Lo mismo solicitan los líderes comunales que, en cada reunión con el nuevo Gobierno en los talleres Construyendo País piden más atención y que lo que se destinó para la lucha, se les traduzca en beneficios para sus regiones golpeadas por la guerra.