La Procuraduría General de la Nación llamó a juicio verbal al exsecretario ejecutivo de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Néstor Raúl Correa Henao, por autorizar la salida del país de ocho excombatientes de las Farc, cuando ya habrían cesado las funciones que le había otorgado la ley de forma transitoria.

En este caso, el Ministerio Público le pedirá a Correa Henao que explique por qué después del 15 de enero de 2018, fecha en la que perdió competencia para desempeñar funciones jurisdiccionales, porque entraron en funcionamiento las Salas de Justicia de la JEP, siguió aprobando salidas del país de excombatientes que se acogieron a ese tribunal.

De acuerdo con el ente de control, los permisos sobre los que Correa Henao deberá dar explicaciones corresponden a los de Luis Ermides Bocanegra Olmos, quien el 18 de enero de 2018 recibió el visto bueno para salir del país entre el 30 de enero y el 30 de mayo, hacía a España.

Del mismo modo, deberá explicar por qué permitió que Hugo Ancizar Pérez Muñoz fuese beneficiario de dos aprobaciones: Una concedida el 1 de marzo de 2018 para viajar entre el 5 y el 30 de marzo a Ecuador y otra previa para viajar entre el 1 y el 20 de febrero. Según el Ministerio Público, sobre estas dos peticiones no existen soportes escritos.

Igualmente, debe explicar por qué se le concedió permiso a Fernando Arellán Barajas, quien el 8 de marzo de 2018 recibió autorización para salir del país entre el 23 y el 29 del mismo mes rumbo a Islas Margarita (Venezuela); así como a Andrés Mauricio Zuluaga Rivera, quien el 22 de marzo recibió el visto bueno para viajar del 4 de abril al 14 de mayo de 2018 a España.

En la lista de permisos también reposa el nombre de Gustavo Joanis Bedoya Matinés, a quien el 23 de marzo le aprobaron viajar desde el 26 al 30 de mayo; Asimismo, se le concedió permiso a Israel Alberto Zúñiga Iriarte, el 2 de abril de 2018, para viajar a Ecuador entre el 2 y el 5 de abril, y por último se conoció el permiso de Pastor Lisandro Alape Liscarro, a quien el 2 de abril el autorizaron un viaje que comenzaba ese mismo día y culminaba el 5.

Para la Procuraduría, “con su proceder el investigado violó varias normas de la Constitución, la ley y el Código Disciplinario Único, entre las que se destaca una transgresión del principio de moralidad “que debe abrigar la función administrativa, pues es claro que a los servidores públicos les está prohibido ejercer sus funciones en forma contraria a la prevista en la ley”.

Por el momento, la Procuraduría catalogó la falta del exsecretario ejecutivo de la JEP como grave a título de dolo.