Amnistía Internacional denunció la “arbitrariedad” con la que la justicia del estado estadounidense de Florida decide las penas capitales, puesto que cerca de 140 reos están en el corredor de la muerte debido a un tecnicismo que les impidió revisar sus condenas. 

Las forma en que Florida maneja la pena capital incorpora “una capa extra de arbitrariedad a un sistema que ya de por sí es discriminatorio y proclive a errores”, señaló Amnistía Internacional en un informe. 

“A pesar de que sus sentencias capitales fueron halladas inconstitucionales hace dos años, Florida sigue teniendo la mayor población del país en el corredor de la muerte”, dijo Erika Guevara Rosas, directora de las Américas de AI. 

Actualmente, Florida tiene cerca de 370 reos en el corredor de la muerte, debajo de California que suma casi 750, según Death Penalty Information Center, una ONG que analiza la pena capital. 

La Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos había decidido en enero de 2016 que las sentencias capitales de Florida eran inconstitucionales.

Florida revisó entonces sus procedimientos e implementó, a principios de 2017, una ley que exige que los jurados pidan unánimemente la pena de muerte para que pueda ser impuesta. 

Antes, tales sentencias no necesariamente tenían que ser unánimes y el juez tenía potestad para decidirlas. El cambio fue aplicado con una retroactividad parcial y cerca de la mitad de los 400 prisioneros que estaban entonces en el corredor de la muerte tuvieron derecho a revisar sus sentencias. 

La oscuridad visible 

Pero los que habían sido sentenciados antes de 2002 no pudieron pedir un nuevo juicio. Esa fecha se decidió porque fue cuando el Tribunal Supremo estadounidense falló en un caso (Ring V. Arizona) donde exigió que los jurados y no el juez decidieran si corresponde una condena a muerte.

Así, “para mediados de julio de 2018, 130 prisioneros tuvieron acceso a un desagravio y sus sentencias fueron objetadas y devueltas al tribunal para un nuevo juicio, mientras otros 139 no recibieron este alivio”, señaló el informe de AI, titulado “EEUU: la oscuridad visible en el estado del Sol”. 

El juez de la Corte Suprema de Florida, James Perry, que criticó la retroactividad parcial aplicada cuando se reinstaló en 2017 la pena capital, dijo que “esta decisión, sumada al continuo impacto de la discriminación racial (...), vuelve la sentencia a muerte en Florida inconstitucional e irreparable”, según cita el informe de AI. 

Varios estudios muestran que la raza es un factor que determina quiénes son sentenciados a pena de muerte en Estados Unidos. Uno de ellos, divulgado en 2015 por la Universidad de Carolina del Norte, muestra que la raza de la víctima “es el indicador más confiable para saber si un acusado en Estados Unidos será ejecutado”. 

“Sólo 9,5% de las ejecuciones por asesinatos interraciales involucran a asesinos blancos de víctimas no-blancas”, añadió este estudio. Apenas se reinstaló la pena de muerte, el gobernador de Florida, Rick Scott, retiró a una fiscal del caso de un hombre que estaba acusado de matar a una mujer policía, argumentando que la abogada del estado “no luchará por la justicia” porque se negaba a pedir la pena capital. 

La fiscal, Aramis Ayala, fue apodada por la prensa como “la fiscal rebelde” y Scott fue acusado por más de 100 expertos legales en todo el país de haberse extralimitado en sus poderes.