El magistrado Hermes Darío Lara Acuña, presidente de la Corporación de Jueces y Magistrados de Colombia, anunció que a pocos días de que radiquen ante el Congreso de la República la nueva reforma a la justicia, desconocen el documento con el que el Gobierno busca estudiar las situaciones alrededor del Sistema Penal Acusatorio, la creación de algunos cargos de jueces, fortalecer los sistemas de información y analizar la disciplina judicial. 

“Esta semana tuvimos una reunión de no más de 10 minutos con la Ministra de Justicia junto con los sindicatos y demás entes de la rama judicial, parece que el Gobierno va a presentar la reforma antes de la tercera semana de septiembre, nos dicen que no tienen un texto definido y que solo se van a tratar algunas preguntas y eso nos parece desde ya, desde la Corporación de Magistrados que no es serio”, dijo el presidente de la Corporación. 

En ese sentido, el magistrado le exigió al Gobierno Nacional que dicho documento sea conocido por ellos días previos a que llegue al Congreso de la República. Consideró que es ilógico que el Ministerio de Justicia no tenga preparado tal proyecto a sabiendas de que la presentación de la reforma está programada para dentro de pocos días. 

“Yo considero realmente que ya debe existir un proyecto y lo que le exigimos al Gobierno es que lo ponga en conocimiento de todo el país. El proyecto ya está concertado y eso no es correcto, lo que le pedimos al ministerio y al Gobierno Duque es que las cartas sean abiertas, se jueguen sobre la mesa y se diga cuál será la reforma a la justicia. Yo sinceramente no creo que un ministerio de justicia no tengo la reforma lista”, aseguró el magistrado. 

El jurista aseguró además no estar de acuerdo con la consulta popular anticorrupción que se llevará a cabo el próximo domingo, 26 de agosto. Según el funcionario, inicialmente no hubo pedagogía para llevarse a cabo dicha jornada electoral, y en relación a la primer pregunta, consideró que no hay un trasfondo más que el de reducir los salarios a los altos mandos del gobierno. 

Aseguró que dicha iniciativa, “es un mecanismo de engaño al votante, ya que en nada afecta a la corrupción pública y está claro para el país, incluso - aceptado por quienes impulsan la consulta- que se trata de un tema de equidad". 

Igualmente, confirmó que existen análisis y estudios solicitados por los mismos promotores de la consulta en los que se evidencia que, de pasar el umbral de los 12 millones de votantes, esa consulta afectaría la escala salarial de los servidores públicos a largo y corto plazo.