Desde el mortífero derrumbe del puente de Génova, Luigi Di Maio y Matteo Salvini, los dos líderes populistas del gobierno italiano, redoblaron una escalada de denuncias y acusaciones contra la empresa concesionaria de la autopista y su turbia administración.

En el punto de mira: la familia Benetton, que posee el 30 por ciento de Atlantia, el grupo propietario de Autostrade per l’Italia, que gestiona la autopista.

Uno pide la revocación de la concesión de Autostrade per l’Italia, por el tramo del puente, el otro pide la revocación de todas las concesiones. Uno solicita la dimisión de los dirigentes de Autostrade, el otro solicita la prisión incondicional.

Aunque el jefe del gobierno, Giuseppe Conte, fue el primero en llegar al lugar de la catástrofe y se encargó de los comunicados oficiales, sus dos vice primer ministros, líderes del Movimiento 5 Estrellas (populista) y de la Liga (extrema derecha), monopolizaron la palabra.

“El problema con el derrumbe del puente viene del hecho de que cuando pagamos un peaje, nos imaginamos que este dinero será reinvertido en el mantenimiento, pero en realidad se reparten los beneficios y los puentes se desploman”, resume Di Maio.

Génova “no espera limosna sino justicia y haremos lo posible para que así sea. Si hace falta anulando estos contratos con estas empresas que se enriquecieron sin respetar la seguridad”, dijo Salvini.

La familia Benetton, que volvió a aparecer en julio con un anuncio que denunciaba la nueva firmeza antinmigrantes de Italia, financió ampliamente a varios partidos políticos, aseguran ambos líderes, y en particular a Matteo Renzi, el hombre fuerte del Partido Demócrata (centro izquierda).