La Procuraduría General de la Nación llamó a juicio disciplinario al general Martín Fernando Nieto y a los coroneles Alexander Parga y John Ortiz, por presuntas irregularidades en el manejo de gastos reservados de las Fuerzas Militares.  

Los hechos sobre los que indaga el ente de control tienen que ver con presuntos malos manejos de los dineros con los que cuenta la Regional de Inteligencia Militar Estratégica (Rimec), en los que los militares habrían incurrido en presunto peculado a favor de terceros, malversación de recursos y falta a la verdad en la rendición de cuentas.

La Rimec hace parte de la estructura de la Jefatura de Inteligencia y Contrainteligencia Conjunto del Comando General de las Fuerzas Militares (J2), y al Comando Conjunto de Inteligencia del Comando General de las Fuerzas Militares (CCONI).

Simultáneamente, el Ministerio Público avanza en la indagación sobre la presunta adquisición de equipos de inteligencia, conocidos como ‘piñas’, que habrían sido destinados a la interceptación de comunicaciones de dirigentes políticos y sociales, al parecer, sin autorización.

Al general Nieto, quien fuera comandante del CCONI entre el 30 de marzo y el 3 de diciembre de 2017, la Procuraduría le formuló dos cargos por presunta negligencia en el control y manejo administrativo de la Rimec, cuestión que habría permitido que parte del personal hiciera uso indebido de los dineros de gastos reservados, mediante conductas irregulares como presuntos múltiples pagos por la misma información, a veces al mismo informante, sin el cumplimiento de los requisitos exigidos y bajo la denominación de operaciones de inteligencia.

“Entre 2016 y parte de 2018, desde el Rimec se hicieron 159 pagos a colaboradores por cerca de $340 millones, que fueron registrados como gastos de operaciones de inteligencia y no como pago de informantes o fuentes humanas ocasionales, como debió hacerse”, expresó la Procuraduría.

Por su parte, al coronel Parga Rincón, excomandante de la Rimec, se le imputaron cargos por presunto peculado por apropiación de recursos públicos y por falsificación de documentos de pago.

“De acuerdo con las pruebas recaudadas, aunque el comité de pagos aprobaba un valor para ser reconocido a la fuente, el agente de control entregaba una suma menor a la asignada”, dijo la Procuraduría.

Finalmente, el coronel Ortiz Soto deberá responder al cargo de presunto peculado por apropiación. “El oficial, en su condición de segundo comandante del CCONI, también deberá explicar por qué entre el 1 de abril y el 31 de diciembre de 2017, habría coordinado para que los dineros del llamado ahorro operacional fueran utilizados en la compra de elementos y patrocinar viajes al exterior.