Los partidos políticos andan enfrascados en las acciones para la próxima elección del contralor general, que como se ha visto, en estos momentos que la lucha contra la corrupción vuelve a ocupar el primer lugar de importancia en el concierto nacional, requiere de una persona empeñada en defender hasta el último peso que se use en gasto o en inversión.

El país, que ha sido convocado el 26 de agosto a votar la consulta anticorrupción, sabe muy bien que por culpa de quienes con maniobras de todos los calibres se roban $50 billones de los presupuestos nacionales, regionales y municipales, entiende que las cosas deben cambiar.

Inmensa tarea, por decir lo menos, le corresponde cumplir a quien llegue a este cargo, porque en la eventualidad que la Contraloría General de la República lograra ser guardiana, defensora y luchadora para la protección de los recursos, no habrá necesidad de que cada año los ministros de Hacienda se ideen las impopulares reformas tributarias.

Si la Contraloría llegara con eficacia, haciendo valer los controles de advertencia y manteniendo, como lo hace Datacrédito con los deudores, las anotaciones durante varios años a quienes llegan a un cargo, meten la mano en el presupuesto, y después resarcen el daño fiscal devolviendo los recursos, y todo el mundo tan tranquilo, y luego se alistan para incursionar en otra institución o llegan a posar de contratistas para esquilmar los recursos públicos.

En medio de la deliberación que por estos días se registra, con miras a la elección del nuevo titular de la Contraloría en Colombia, el actual titular de ese despacho, Edgardo Maya, acaba de lanzar una advertencia que a muchos no les ha gustado: “Yo quiero decirle al país que nombrar a un corrupto a manejar la Contraloría es lo mismo que nombrar de director de un jardín infantil a un violador”.

La Constitución Política de 1991, en su artículo 267, establece que: “El control fiscal es una función pública que ejercerá la Contraloría General de la República, la cual vigila la gestión fiscal de la administración y de los particulares o entidades que manejan fondos o bienes de la Nación”.

Hay un elemento que la misma entidad dentro de sus actividades destaca, como es la vinculación activa de la ciudadanía en el control de la gestión pública. Ahí está el punto fundamental para que se le sellen las entradas a la corruptela, como es el control ciudadano, que en las veedurías y en las organizaciones sociales cuenta con una cantera para ayudar a cumplir esa misión.

El nuevo contralor, como guardián y luchador incansable, debe asumir el compromiso de aplicarles a los corruptos el peso de las acciones fiscales y mediante el trabajo mancomunado con la Procuraduría y la Fiscalía, las sanciones disciplinarias y judiciales ejemplares, para que tanto funcionarios como contratistas que subrepticiamente se enriquecen con el dinero de los colombianos, paguen ejemplarizantes condenas y sean inhabilitados fiscal y disciplinariamente.

No más PAE con corrupción, debe ser una de las consignas. No más sobrecostos. No más pagos de sobornos. No más Odebrecht y Reficar, deben ser las metas que se trace el nuevo contralor para ejecutar una titánica misión inflexible y sin cuartel para empezar a derrumbar el imperio de la corrupción que se ha edificado en muchas instituciones públicas del país, en un juego perverso con contratistas y algunos integrantes del sector privado. Por el momento, el balón está en el Congreso, encargado de elegir contralor. Y ojalá acierte.