La fuga de seis presos de la estación de Policía de La Libertad en días pasados, volvió a poner sobre la mesa la grave crisis que se vive en estas locaciones por cuenta de los reclusos que, ante la negativa del Inpec de recibirlos, terminan recluidos en estos espacios no aptos para este fin. 

La situación no es nueva, pero se ha venido agudizando desde comienzo de año, cuando los funcionarios de las cárceles del área metropolitana se declararon en huelga; desde entonces no se ha recibido un solo preso, razón por la cual, los capturados van directo a las estaciones, a las Uri y a los calabozos del CTI. 

Desde entonces el problema de hacinamiento que se vive en la cárcel se trasladó a las estaciones, con el agravante de que parte del pie de fuerza policial, que se supone debe estar velando por la seguridad ciudadana en las calles, ha tenido que ser asignado para vigilar a estos reclusos. 

En algunos espacios, que no superan los 20 metros cuadrados, se turnan casi 30 capturados para dormir. A esto se suman los problemas de salubridad, infecciones, disputas entre ellos y hasta problemas porque la comida no alcanza. 

Aunque suene increíble que ya se cumplan siete meses de esta situación, la solución a esta papa caliente la tienen la alcaldía y el Inpec. 

Según este último, entre las obligaciones que el municipio asumió en el Convenio de Integración de Servicios número 424, debía destinar dentro del presupuesto municipal una  cuantía de 100 millones de pesos. De esos, 30 millones eran para el pago de sobresueldos a los funcionarios del Complejo Carcelario y Penitenciario de Cúcuta.

La alcaldía, por su parte, dice que tiene los recursos pero que no ha podido girarlos, porque no puede destinar dineros públicos a cuentas personales.

De esta manera se han tirado la pelota y la situación no se ha resuelto. La Procuraduría ya tomó cartas en el asunto y abrió investigación preliminar al alcalde César Rojas, al secretario de Gobierno Óscar Gerardino, al secretario de Seguridad Ciudadana, Mauricio Franco y la jefe de la Oficina Asesora y Jurídica, Liris Marina Peña, para determinar si existe una falta disciplinaria de parte de la administración municipal en este asunto. 

Pero mientras se resuelve el tema jurídico, la seguridad ciudadana está en juego. Detener delincuentes se ha convertido en un círculo vicioso sin sentido, en el que más se demora la policía en detenerlos, que estos en estar de nuevo en la calle.

El caso más emblemático y paradójico es quizás el de Nixón David Ortíz, alias Pisculichi, un temido sicario de la banda ‘La Punta’ que fue capturado luego de un extenso operativo y que terminó recluido en el CTI. Allí duró pocas horas y terminó fugándose. 

El hombre es responsable de al menos ocho crímenes. ¿Qué nivel de justicia puede esperar un ciudadano con esta situación, que  termina beneficiando única y exclusivamente a los delincuentes? ¿Es legal que los policías dejen de dedicarse a combatir los delitos para cuidar presos en sus propios cuarteles?

La percepción de seguridad en la ciudad no pasa por un buen momento y esta situación solo termina de empeorar las cosas. Los ciudadanos, ajenos a tanta leguleyada, no merecen una justicia tan débil. A los responsables, vale la pena recordarles que no hay peor incentivo para un criminal, que saber que su castigo nunca llegará.