El 30 de julio, hombres armados irrumpieron con disparos en un local comercial de El Tarra, dejando nueve muertos y dos heridos graves. 

Hasta ahora se desconoce el móvil de la masacre. 

“Estos graves hechos de violencia deben ser investigados prontamente y de manera exhaustiva a fin de sancionar a los responsables y que no queden en la impunidad”, dijo el relator de la CIDH para Colombia, Francisco Eguiguren. 

La región del Catatumbo, lindera con Venezuela, concentra la segunda mayor cantidad de narcocultivos de Colombia después de la zona de Tumaco, fronteriza con Ecuador. 

Entre las víctimas de la masacre fueron identificados dos exguerrilleros desmovilizados de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), desaparecidas tras el acuerdo de paz que acabó medio siglo de conflicto con el Estado, y el líder campesino Frederman Quintero. 

Según reportes citados por la CIDH, entre los abatidos habría raspadores de hoja de coca que formarían parte de programas de sustitución de cultivos ilícitos. 

Desde hace más de cuatro meses, la violencia en el Catatumbo desplazó a miles de personas, que terminan en la ciudad de Cúcuta, ya desbordada por la llegada de venezolanos que huyen de la crisis en su país. 

Según la CIDH, en los municipios de Teorama y Hacarí decenas de menores de edad no asisten desde hace 15 días a sus escuelas por los fuertes combates entre las guerrillas que operan en la zona. Allí actúan bandas de origen paramilitar y narcotraficantes, además del Ejército de Liberación Nacional (ELN), la última organización rebelde reconocida por las autoridades colombianas. 

Detrás de esta ola de crímenes están narcotraficantes que se oponen a la sustitución voluntaria de narcocultivos y personas que quieren impedir la devolución de tierras a campesinos despojados mediante la violencia, dijo el expresidente de Colombia Juan Manuel Santos, en entrevista antes de entregar el cargo el martes a Iván Duque. 

La CIDH ya expresó su alarma sobre los asesinatos de activistas en el marco de la implementación del acuerdo de paz en Colombia. 

Desde la firma del pacto de paz en noviembre de 2016, se ha disparado la violencia en zonas estratégicas que antes estaban bajo control de la guerrilla FARC y son claves para el narcotráfico y la minería ilegal. En este tiempo, la misión de la ONU en Colombia documentó 51 casos de exguerrilleros asesinados y otros cinco desaparecidos, mientras la Defensoría del Pueblo (ombudsman) denunció la muerte de 326 activistas.