La Procuraduría General de la Nación abrió una indagación preliminar en contra el  alcalde de Cúcuta, César Rojas; la jefe de la Oficina Asesora y Jurídica, Liris Marina Peña; el secretario de Gobierno, Oscar Gerardino; y el secretario de Seguridad Ciudadana, Mauricio Franco.

El organismo de control disciplinario advirtió que estos funcionarios incumplieron con el Convenio de Integración de Servicios número 424, del 1 de noviembre de 2017, suscrito entre la Secretaría de Gobierno de Cúcuta y el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec).

Según el convenio, en su cláusula tercera, se establece que está entre las obligaciones del municipio destinar dentro del presupuesto municipal una  cuantía de $100 millones, que serán distribuidos de la siguiente manera: 

$45’000.000 para compra de radios de comunicación.

$25’000.000 para compra de aires acondicionados.

$30’000.000 para el pago de sobresueldos a los funcionarios del Complejo Carcelario y Penitenciario de Cúcuta.

La Procuraduría recordó la existencia de un acta de compromiso firmada entre la Alcaldía y las organizaciones sindicales Seup y Aceinpec, y con las directivas del Inpec para que se presentara un proyecto de acuerdo al Concejo por medio del cual se incorporara en el presupuesto general del municipio el Fondo de Apoyo al Inpec por $500 millones  para la vigencia 2018.

Estos son los aspectos sobre los cuales estaría incumpliendo el municipio, especificó el Ministerio Público. 

Carlos Arturo Ramos, secretario jurídico del Sindicato de Empleados Unidos Penitenciarios, presentó la queja ante la Procuraduría. El dirigente gremial explicó que las alcaldías son las responsables de los internos sindicados, es decir, que tienen medida preventivas de libertad y que todavía no tienen sentencia.

“Es deber de los entes territoriales tener las cárceles municipales. Pero cuando esto no es así, se suscriben este tipo de convenios con el Inpec. La Alcaldía es responsable de 1.500 sindicados que hay en la cárcel”, indicó.

Detalló que son 400 trabajadores los que se están viendo afectados por el incumplimiento del pago de los sobresueldos. Sobre este aspecto, Ramos indicó que la Alcaldía quiere girar esos recursos directamente al Inpec; sin embargo, explica que “esto supondría la modificación del presupuesto general de la Nación y tardaría dos años”, aseguró.

Ramos sostuvo que representantes del municipio viajaron a Bogotá, donde se reunieron con funcionarios del instituto y estos explicaron cómo hacer el giro de los sobresueldos. “La cancelación no se va hacer a las cuentas de los representantes sindicales, sino a las cuentas de cada trabajador, como lo hacen el resto de los municipios que tiene suscrito este tipo de convenios”, dijo.

El procurador Regional de Norte de Santander, Edgar Fandiño Prieto, especificó en el auto de indagación preliminar del 6 de agosto, que se verificará la ocurrencia de la conducta, determinará si es constitutiva de falta disciplinaria o si se está actuando al amparo de una causal de exclusión de responsabilidad.

Además, se explica que las directivas sindicales del Inpec se han reunido en reiteradas ocasiones a través de la Mesa Técnica de Seguimiento Penitenciario y Carcelario, y aún no ha dado cumplimiento a los compromisos fijados en las mismas, situación que ha reactivado el Plan de Reglamento por parte de la guardia penitenciaria. 

Este plan restringe el ingreso de personas capturadas al centro penitenciario, y ha desatado la controversia, debido a la cantidad de presos que permanecen en las estaciones de policía y en la Uri.

Ramos precisó que el incumplimiento en los pagos también afecta a la población sindicada, porque el 70 por ciento de los recursos son destinados a garantizarle condiciones a la  infraestructura, servicios básicos, salud y otros.