La posibilidad de una crisis humanitaria en el Catatumbo derivada de la llegada de un gobierno más radical para Norte de Santander, hace temer que procesos como el de la búsqueda de personas desaparecidas se entorpezca.

Para Wilfredo Cañizares, director de la Fundación Progresar, el avance del proyecto es favorable, con 38 casos documentados, de 42, que serán entregados a la Unidad de búsqueda de desaparecidos, en un acto público previsto para agosto, con el fin de que se avance en la localización de los cuerpos y de las fosas comunes.

“Es un proyecto modelo en el país, por el número de casos, por el contexto de Cúcuta y Tibú, y porque es la primera vez que la Unidad recibirá un paquete tan grande de casos ya documentados”, explicó. “No es información fragmentaria, o esporádica, sino expedientes mapeados en los que los familiares tuvieron gran participación, en un hecho sin antecedentes”.

Sin embargo, “nos estamos preparando internamente para el peor escenario, para determinar cómo vamos a afrontar una situación de crisis humanitaria sin antecedentes, si el nuevo gobierno decide darle una solución de fuerza a la problemática del Catatumbo”, o si lleva a los hechos las agresiones hacia Venezuela. 

En ese sentido, no solo se dispararían las violaciones a derechos humanos, sino que “trabajos como el de la Unidad en la localización de cuerpos se puede entorpecer”.

Por ello, se desarrollan conversaciones con la cooperación internacional “para que tenga alguna incidencia en el nuevo gobierno”, se trabaja en el apoyo de las familias y los movimientos de derechos humanos para que la Unidad pueda cumplir sus acciones, a la vez que realizan reuniones semanales con grupos de familiares de desaparecidos, “porque pensamos que es importante que el nuevo gobierno nos vea juntos y fuertes”, lo cual se consolidará con una marcha de los faroles “para mandar un mensaje de que los familiares no olvidan, y este es un delito que el Gobierno Nacional tiene que atender”.