La ONU exhortó al Congreso de la República a que apruebe la reglamentación del sistema de justicia surgido del pacto de paz con las Fuerzas Revolucionarias de las Farc (Farc) para juzgar a responsables de los crímenes cometidos durante medio siglo de conflicto armado.

“La Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia hace un llamado a las instituciones del Estado competentes y a las fuerzas políticas para que remuevan los obstáculos que siguen impidiendo que el proceso de paz cumpla con su compromiso con la justicia y el derecho de las víctimas”, indicó el organismo en un comunicado.

Aunque la Justicia Especial para la Paz (JEP) comenzó a operar a mediados de marzo, aún falta que el Congreso, en el que el oficialismo ha perdido las mayorías, apruebe las reglas de procedimiento que otorgan “seguridad jurídica” a las decisiones de los magistrados.

El gobierno del presidente Juan Manuel Santos, quien dejará el poder en agosto, convocó a sesiones extras para que el saliente Congreso apruebe esta iniciativa. 

Se aplazó nuevamente

El presidente del Senado, Efraín Cepeda, anunció que será solo hasta hoy, que la plenaria vote de manera definitiva el proyecto de ley que reglamenta a la Justicia Especial de Paz (JEP). 

Una subcomisión que viene trabajando en las diferentes propuestas insistirá en encontrar un acuerdo con el Centro Democrático, el partido que se opone a la aprobación de la ley. 

Pero la bancada del mandatario electo, el derechista Iván Duque, y otros sectores opositores al sistema de justicia se han opuesto a la reglamentación argumentando razones jurídicas, desestimadas por la Corte Constitucional.

Duque y la derecha opuesta al acuerdo de paz que el año pasado desarmó y transformó en partido a la guerrilla comunista tienen mayorías en el nuevo parlamento, que se posesionará el 20 de julio.

“Es hora de que las víctimas puedan beneficiarse sin más demora de los compromisos establecidos en el Acuerdo de Paz sobre la rendición de cuentas de las personas que se someten a la JEP”, agregó la ONU.

La JEP, que en principio operará por diez años, fijará las penas para los exguerrilleros y militares responsables de graves y masivas violaciones a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario (DIH).

Suscrito a finales de 2016, el pacto que dio origen a la JEP prevé otorgar penas alternativas a la cárcel a quienes confiesen sus crímenes, reparen a las víctimas y se comprometan a nunca más ejercer la violencia.

La JEP revisará las confesiones de culpabilidad y, si concuerdan con las investigaciones judiciales, impondrá condenas alternas que irán de los cinco a los ocho años y que podrían, por ejemplo, obligar a un exguerrillero a ayudar durante este tiempo a una comunidad afectada por sus acciones.

Aquellos que mientan o no confiesen todos sus delitos podrán recibir condenas de hasta 20 años de cárcel.

El conflicto armado en el país ha dejado ocho millones de víctimas.