Luis Eduardo Bonza Ortega, quien fue sorprendido en un edificio del barrio Guaimaral de Cúcuta con una caleta repleta de dinero y armas de fuego, fue condenado a seis años de prisión. 

Bonza Ortega, natural de Cúcuta, de 39 años, llegó a un preacuerdo con la Fiscalía que consistió en aceptar su responsabilidad a cambio de degradar su participación de autor a cómplice por los delitos de lavados de activos y fabricación, tráfico y porte ilegal de armas de fuego de uso restringido de las Fuerzas Armadas. 

En la caleta encontraron cerca de $2.600 millones en efectivo, en denominaciones de $20.000 y $50.000; 19.500 euros y 14.187 dólares. Además de cinco pistolas, un revólver, 22 cajas de munición (1.484 cartuchos) y 23 proveedores.

Las caletas fueron encontradas por efectivos del CTI de la Fiscalía y miembros del Ejército en el apartamento 401 del edificio ubicado en la calle 8AN con avenida 9E.

El seguimiento

La Fiscalía relató que para llegar a Bonza Ortega requirió de la ayuda de un informante, que delató su ubicación y del apartamento, donde se almacenaban importantes sumas de dinero provenientes del tráfico de estupefacientes a varios países como  República Dominicana, Estados Unidos y otros. 

“El informante reseñó además el accionar de la organización y señaló a  Bonza Ortega como líder de la banda. Por ello, la Fiscalía solicitó el allanamiento que se materializó el primero de noviembre de 2017”, detalló el ente investigador.

Según las autoridades, en la caleta que pertenecería a Los Pelusos, una disidencia del Epl, hallaron también abundante documentación con datos personales y diversos números de cuentas bancarias. 

Para entonces, las autoridades señalaron que podrían darse más capturas, por la abundante información recopilada en los allanamientos sobre personas que integrarían esta red dedicada al narcotráfico.

Responsable  

Bonza Ortega fue capturado junto a una mujer, quien lleva un proceso por separado, y presentado ante el Juzgado Segundo Penal Municipal, con función de garantías de Cúcuta, que legalizó su captura y le impuso medida de aseguramiento en prisión, mientras avanzaba el proceso en su contra.

Sin embargo, días después firmó dicho preacuerdo que fue aprobado recientemente  por un juzgado especializado de Cúcuta, que lo sentenció además a pagar una multa de 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes a favor del Estado.   

“Esta persona fue aprehendida en flagrancia como lo demuestran los elementos de prueba y lo aceptó tal como consta en el preacuerdo. Con su comportamiento puso en peligro la seguridad pública (…) y no queda alternativa que dictar sentencia condenatoria en su contra”, indicó el juzgado en su decisión.

El dinero quedó bajo comiso del Estado y las armas del Ejército. Por tratarse de una sentencia anticipada, tanto la procedencia, como el destino de las armas no fueron materia de debate probatorio.