La Corte Constitucional desestimó la demanda contra del descuento del 10% que se reconoce en las universidades a quienes participen en las elecciones. 

Según los demandantes, aplicar ese descuento a los estudiantes que hayan participado en las elecciones anteriores a la fecha de matrícula implicaba un trato diferenciado que no estaba implícito en la Constitución Nacional, además porque en su concepto no hay relación entre el beneficio y el acto de votar. 

"El legislador (Congreso) hizo una errada apreciación al cumplir sus deberes constitucionales alentando la participación mediante incentivos económicos, que (…) pueden más que beneficiar, obstaculizar el proceso democrático alentando el clientelismo", expresaron los demandantes. 

Sin embargo, con base en la sentencia C-337 de 1997, la Corte había conceptuado que "si el voto de los ciudadanos es necesario para legitimar la democracia, el legislador no solo puede sino que debe estimularlo, claro está, sin vulnerar, principios constitucionales". 

La Procuraduría General de la Nación interpretó de igual forma la norma demandada, por lo que le solicitó al alto tribunal mantener el beneficio para los universitarios. 

Por otra parte, los demandantes alegaban que este beneficio implicaba un detrimento en los recursos que necesita el Estado para proveer la educación superior pública, cuestión con la que la Procuraduría tampoco estuvo de acuerdo. 

"El Estado tiene la potestad de renunciar a algunos ingresos como mecanismo para incentivar el derecho al voto, y como una consecuencia directa de los principios contenidos en el ordenamiento constitucional", explicó el Ministerio Público en su concepto.