Este miércoles la Fiscalía publicó un comunicado en el que asegura que trasladó 223.282 casos a la Justicia Especial de paz entre los que existen 280.471 indiciados y 196.768 víctimas de graves violaciones a los derechos humanos.

La Fiscalía asegura que de esos casos 52.220 corresponden a la extinta guerrilla de las Farc “casi cuatro veces la cantidad de casos identificados para la Fuerza Pública, que llegan a 13.934 casos (6,2%)”.

En el paquete también existen 10.164 investigaciones contra el Eln, 55.768 contra las desmovilizadas Autodefensas de Colombia (AUC); 3.324 de otras guerrillas; 13.934 de agentes del Estado combatientes y 87.872 sin grupo identificado. 

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En los archivos también hay un capítulo en el que se aborda el secuestro por parte de la extinta guerrilla de las Farc que cuenta con 6.162 investigaciones “estos hechos, que agrupan 8.163 víctimas y 4.314 procesados. Las investigaciones se concentran en los departamentos de: Antioquia, Meta, Bolívar, Córdoba, Cesar, Cundinamarca, Caquetá, Tolima, Norte de Santander y Chocó. El departamento más afectado fue Antioquia, con un 30% de las investigaciones”.

Según la Fiscalía la magnitud del fenómeno criminal para las finanzas de la extinta guerrilla no está determinada. “Sin embargo, de acuerdo con una estimación oficial, durante el período 1996-2012 las Farc - EP habrían recaudado un total de $3’625.608’297.250 (Tres billones seiscientos veinticinco mil seiscientos ocho mil millones, doscientos noventa y siete mil doscientos cincuenta pesos colombianos). Respecto a la judicialización la Fiscalía estableció 275 sentencias condenatorias proferidas contra 614 personas, incluyendo miembros del Estado Mayor Central (EMC) y del Secretariado”.

Por último, el ente acusador pidió que se investigara y se esclareciera el genocidio cometido contra la Unión Patriótica que sucedió entre 1984 y 2016. Frente a esto “se tienen documentados 863 procesos en los que se identificó alguna relación entre los hechos delictivos y la militancia en la UP. Estos procesos registran 1.620 víctimas por las cuales hay 277 agentes del Estado vinculados como presuntos responsables”.