Más de 270.000 maestros de escuelas públicas de Colombia iniciaron este miércoles un paro de 48 horas en demanda de mejores condiciones de salud, ascensos y el cumplimiento de acuerdos pactados con el Gobierno.

El presidente de la Federación Colombiana de Educadores (Fecode), Carlos Rivas, dijo a periodistas que en el primer día de paro se realizarán asambleas informativas en las que participarán maestros, alumnos y hasta padres de familia a quienes se les explicará las razones del cese de actividades.

El jueves se efectuarán marchas y plantones en las principales capitales departamentales, añadió el líder sindical.

Los sindicatos filiales de Fecode realizarán actividades para visibilizar la protesta con actos culturales.

Este es el segundo paro que realizan los maestros. El primero fue en febrero pasado, cuando los educadores suspendieron labores por 24 horas.

Por su lado, la ministra de Educación, Yaneth Giha, aseguró que el cese de actividades de los educadores no se justifica y recordó que siempre se ha reunido con los representantes de Fecode para analizar el acuerdo firmado que tiene 24 puntos.

Al respecto, la jefa de la cartera de Educación aseguró que nueve de las peticiones de los maestros ya están cumplidas, otras nueve están casi listas y seis más requieren trabajo adicional para implementarlas.

Reconoció que en salud el nuevo esquema arrancó con algunas dificultades pero que estas se han venido solucionando.

Al respecto, Fecode asegura que la prestación del servicio de salud de los maestros es crítica y que incluso se ha llegado a la suspensión de los tratamientos para pacientes oncológicos, la negación de la atención en urgencias o la ausencia de información para las redes de atención.

La ministra Giha recordó que la educación es un servicio público esencial, es decir que no puede ser objeto de huelga, y así lo establece el último punto del acuerdo firmado con el magisterio colombiano.

En Colombia se consideran servicios públicos esenciales la Banca Central, la seguridad social relacionada con salud y pago de pensiones, los servicios públicos domiciliarios.

También la administración de justicia, el servicio que presta el Instituto Nacional Penitenciario (Inpec), la prevención y control de incendio, las actividades de la Dirección de Aduanas e Impuestos Nacionales (DIAN), el transporte público aéreo, marítimo, fluvial, férreo, masivo y terrestre y, la explotación del Petróleo y la educación, entre otros.