José Gregorio Botello,  subdirector de Tránsito del Área Metropolitana, denunció ante la Fiscalía General de la Nacion a su superior jerárquica y jefa de la entidad, Patricia Gallego por los delitos de abuso de autoridad por omisión de denuncia, falsedad ideológica en documento público, fraude procesal y prevaricato por omisión.

Así se comprueba en un documento radicado el 9 de abril ante el organismo judicial, en el que se explica que el motivo de la denuncia tiene que ver con presuntas irregularidades en un convenio de colaboración empresarial entre las compañías Transportes Petrólea SA y Transportes Tonchalá SA.

En el documento, Botello expone que dicho convenio no era viable ni técnica ni jurídicamente, por no cumplir con los requisitos de ley, pero pese a ello fue forzado a avalarlo, eso sí, dejando constancia explícita de que la autorización “se otorga por presión de la junta metropolitana”, efectuada el 28 de febrero de 2018, situación que además lo llevó a renunciar al cargo.

Según el funcionario, ese día se cumplieron dos reuniones de la junta directiva, una ordinaria, en la mañana, y otra extraordinaria, en la tarde.

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Según señala en los hechos, “me amenazaron que de no expedir tal autorización, procederían a quitarme las funciones del cargo que ostento, al punto que antes de ausentarme de dicha reunión de junta, al alcalde de San Cayetano (Javier Agudelo) me anunció que vendría con los gerentes de las empresas (Petrólea y Tonchalá), para que se notificaran intempestivamente del acto administrativo”.

El documento revela que a primera hora de la tarde, cuando se anunció la reunión extraordinaria de la junta, el alcalde de Cúcuta, César Rojas, “de manera sorpresiva y reiterada me dice que renuncie, y si no, me quitan las funciones hasta el mes de julio, que pase la ley de garantías”, y que en efecto, a las 4 p.m. arribaron el alcalde de San Cayetano y los gerentes.

A las 5:30 p.m. de ese día, Botello renunció, exponiendo los hechos a la directora, y el 2 de marzo solicitó la revocatoria del convenio.

Así las cosas, Botello cuestionó en el documento, entre otras cosas, ¿a quién beneficia realmente el convenio? Y recuerda que la comunidad de San Cayetano no reclamó, en ningún momento, la no expedición de la autorización.

Responde la directora

Por su parte, la directora Gallego manifestó que hasta el momento no ha sido notificada formalmente ni ha recibido comunicación alguna por parte de la Fiscalía General de la Nación o de la Procuraduría General de la Nación sobre la denuncia y la respectiva queja disciplinaria.

“Solamente he visto unas notas de prensa y unas publicaciones realizadas en redes sociales, donde se indica que efectivamente existen tales actuaciones por parte de él hacia mí”, expresó. “Sin embargo, de ser esto realidad, estaré presta para demostrarle a la Justicia que todo lo enunciado por el señor Botello es falso y tendrá que responder luego él por el delito de falsa denuncia, si es el caso”. 

La funcionaria dijo estar tranquila, porque en su condición de servidora pública, al ser su deber constitucional y legal, puso en conocimiento a los entes de control “de todas las actuaciones irregulares desplegadas por el señor Botello Ortega en su calidad de Subdirector de Transporte Público y Valorización, con ocasión de la expedición del acto administrativo que autorizó el convenio de colaboración empresarial suscrito entre esas empresas de transporte”, con el fin de que estos determinen si existió o no alguna conducta reprochable penal y disciplinariamente.