Los nueve magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que fueron señalados por el secretario ejecutivo, Néstor Raúl Correa, de conformar un comité estratégico con el fin de usurpar sus funciones, dieron una declaración pública en la que aseguraron que cumplen con sus funciones a cabalidad, como les es ordenado constitucionalmente.

Los magistrados Danilo Rojas, Catalina Díaz, Caterina Heyck, Rodolfo Arango, Iván González, Alejandro Ramelli, Eduardo Cifuentes y Yesid Reyes, junto a la presidenta de la Jurisdicción, Patricia

Linares, explicaron que efectivamente hubo intercambios de opiniones con el Ministerio de Justicia, acerca de los proyectos que determinaban el futuro de la jurisdicción, lo que consideran apenas natural.

“Ese intercambio de opiniones y reflexiones jurídicas también lo hicimos en la mayoría de los casos, por vía electrónica, a través de nuestros correos personales, pues aún no estábamos posesionados, correos que no sabemos cómo obtuvo ilegalmente el señor Néstor Raúl Correa, quien en enero del presente año le expresó a la Presidenta que si no asumíamos los diseños que tenía previstos para la Secretaría Ejecutiva de la JEP daría a conocer el intercambio de correos, pues según él poner en conocimiento del Gobierno nuestros conceptos y opiniones era irregular”, dice la declaración.

Añadió que “No cedimos a sus absurdas pretensiones, pues los aportes que hicimos se dieron en el marco democrático que da vida a las expresiones ciudadanas frente a proyectos normativos de interés nacional”, agrega.

No cumplió sus funciones

Sin embargo, los magistrados van más allá de explicar las acusaciones de Correa, sino que advierten que el secretario ejecutivo no cumplió a cabalidad sus funciones,.

Añadieron que se gastó 4,5 millones de dólares en un año que debía destinar a dos tareas fundamentales, como la de “Avanzar en el proceso de alistamiento, diseño e implementación de la infraestructura requerida para la puesta en funcionamiento de la JEP. No obstante, a la fecha, carecemos de sistemas de información, telefonía y comunicaciones, sistemas de seguridad y protección para los funcionarios y comparecientes de la JEP”

También, señalaron que Correa presentó renuncia voluntaria e irrevocable a su cargo, la cual fue aceptada por el pleno del Tribunal en sesión del día 12 de abril”.

Llama la atención que “haya procedido a plantear ante la opinión pública debates que carecen de todo sustento y que desvían la atención sobre sus responsabilidades”, concluyeron los magistrados.