Como es lógico, el arresto del antipático, polémico y duro excomandante de las Farc Jesús Santrich —su nombre es Seusis Pausivas Hernández Solarte—, en desarrollo de una operación extranjera contra el tráfico de cocaína es, sin duda, el peor traspiés del proceso de paz hasta ahora, pero no uno que le ponga fin.

Desde el primer momento, el debate en lo político estalló con la misma furia e intensidad con que se ha desarrollado la campaña presidencial: para los unos, el episodio es prueba de que los guerrilleros de las extintas Farc siguen delinquiendo y, por lo mismo, el proceso de paz debe terminarse, y para los otros, se trata solo de uno de los 12.000 o más guerrilleros y milicianos que se acogieron, y no de todos, y por lo mismo no hay razón alguna para que el proceso de paz se dé por finalizado.

Para los primeros, el hecho de que todo sea resultado de una operación de la Dea demuestra que el gobierno no sigue de cerca las actividades de los exguerrilleros y por eso es tolerante con cualquier actividad que haga peligrar el acuerdo de paz, y para los segundos, todo se trata de una trampa del gobierno estadounidense, en procura de trofeos para mostrar en la primera visita del presidente Donald Trump a países latinoamericanos. La visita fue cancelada ayer.

Para unos, Santrich debe ser extraditado tan pronto lo solicite el gobierno de Trump, sin reparar en procesos que puedan beneficiar a quien consideran que sus hechos son parte de la burla de las Farc hacia Colombia, y otros creen que el caso debe ser ventilado por la Jurisdicción Especial para la Paz (Jep), como lo determina el propio acuerdo de paz de La Habana.

Al margen de la polémica, creciente y ríspida, por razón de todo lo que está en juego, los hechos concretos son simples: con base en documentación electrónica, la justicia de Estados Unidos acusa a Santrich y a otras tres personas de conspirar para enviar a ese país 10 toneladas de cocaína negociada con el Cártel de Sinaloa, de la cual 5 kilos fueron entregados a los contactos en un hotel de Bogotá. Varias grabaciones de audio y vídeo, así como mensajes de redes sociales, forman parte de la acusación sobre hechos que, según la Dea, ocurrieron después de 1 de diciembre de 2016, límite para que los guerrilleros quedaran exentos de responsabilidad penal.

Según el procedimiento vigente, Santrich. diferente a cualquier otro colombiano, puede ser extraditado sin que medien, primero la Jep, y luego la Corte Suprema de Justicia, que deberán determinar que no existe duda de que el acusado es responsable, y finalmente la decisión del presidente de la República que, de acuerdo con los términos, ya no sería Juan Manuel Santos. La extradición no es siempre obligatoria, es discrecional.

Con el primer impacto de la noticia, los otros excomandantes guerrilleros no se midieron en calificar lo ocurrido como una trampa, ni en amenazar con que si su compañero Santrich es extraditado el proceso de paz tambaleará.

Es muy probable que tambalee, pero lo más seguro es que no caiga.