Casi cuatro meses después de que se perdiera su rastro por cuenta de la orden de captura que se libró en su contra, por haber  permitido el pago de millonarios reajustes pensionales a jubilados del municipio, en 2008, la exalcaldesa de Cúcuta María Eugenia Riascos Rodríguez reapareció este miércoles en escena.

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Lo hizo en medio de decenas de mujeres que la esperaron a las afueras del Palacio de Justicia, a donde la exmandataria llegó temprano para notificarse del fallo de segunda instancia proferido por el Tribunal Superior de Cúcuta, que revocó no solo la medida de aseguramiento sino la condena de 10 años que le había impuesto el Juzgado Quinto Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento.

Riascos era acusada de incurrir en prevaricato por acción y peculado  por apropiación, toda vez que para la Fiscalía los reajustes que su administración pagó, en cumplimiento de un mandamiento judicial que existía, eran “ilegales”, puesto que a ellos solo tenían derecho los “pensionados nacionales” como lo  señala la Ley 6 de 1992.

No obstante, al revisar el caso, los magistrados del Tribunal encontraron que el ente acusador no solo no logró “dar por probada la atipicidad de este hecho”, sino que concluyeron que su decisión estuvo basada en argumentos, en suposiciones y en criterios subjetivos de algunos testigos y en sus propias opiniones.

“El ente acusador siempre estuvo desenfocado, aun así, el juez hizo suyos los interrogantes del fiscal y cayó en el claro error de evaluar situaciones ajenas a lo que era la responsabilidad objetiva de los servidores acusados”, señaló el magistrado Juan Carlos Conde en la lectura del fallo.

Al insistir una y otra vez en el desacertado proceder del fiscal del caso y del juez que avaló su tesis, el togado dijo que  era necesario hacer una mención especial sobre “la gran confusión” en que incurrieron los dos funcionarios judiciales, “al no entender los efectos de inconstitucionalidad de la Ley 6 de 1992, ya que  consideraron que esta declaratoria convertía en ilegal el acuerdo de pago, argumento totalmente errado”.

Dijo que no se pudo demostrar que tanto la exalcaldesa Riascos, como el exsecretario de Hacienda, Martín Ricardo Rincón Uscátegui, y la exasesora jurídica de la época, María Lorena Durán, hayan incurrido en prevaricato, pues la Fiscalía no comprobó que estos servidores tuvieran el conocimiento de encontrarse infringiendo la ley penal.

“No puede la Sala dar por probada la atipicidad de un hecho con base en suposiciones, criterios personales del fiscal, debates jurídicos inapropiados, ya que ello sería un grave error judicial”, manifestó el magistrado, tras considerar que por ello era pertinente absolver de cualquier responsabilidad a los investigados.

Conde precisó que lo mismo sucedió frente al delito de peculado que también se le endilgaba al abogado Iván Araque Chiquillo, quien actuó en calidad de apoderado de los pensionados.

“Si se pretendía demostrar que los acusados habían obtenido una parte del dinero, sorprende a la Sala la ausencia de medios probatorios que demuestren el destino del dinero”, señaló.

Al desvirtuar completamente la tesis de la Fiscalía, el magistrado reprochó que el fiscal en ningún momento demostrara que el dinero haya ido a parar a manos del abogado o de los otros acusados.

“No entiende la Sala cómo es que el fiscal edificó el presunto peculado, y que hubo un presunto apoderamiento, si lo que se dio fue el pago de una obligación dentro de un proceso ejecutivo”, reiteró.

Por esta razón, además de darle la razón a la defensa de los procesados, ordenó su absolución y la revocatoria de las medidas que habían sido proferidas en su contra desde el año pasado.

Este caso se remonta a la conciliación para el pago de  los reajustes pensionales entre el entonces alcalde de Cúcuta, Gustavo Villasmil Quintero y el abogado Iván Araque Chiquillo, el 23 de febrero de 2005, que al ser incumplido provocó un proceso ejecutivo contra el municipio, en el Juzgado Cuarto Laboral.

Reacciones

María Eugenia Riascos Rodríguez, exalcaldesa de Cúcuta: estoy muy agradecida porque se hizo justicia. Este proceso no fue fácil para mí porque nos pusieron en la palestra pública. La gente se hace a una idea diferente sobre lo que fue de este caso y eso me duele. Yo no me presenté ante la justicia cuando se profirió la orden de captura, porque sabía que era totalmente inocente y los inocentes no tenemos por qué estar privados de la libertad; por eso tomé esa decisión. Lo único que yo hice fue cumplir con un mandamiento de pago y si no lo hubiera hecho, ahí si hubiera tenido que ir a la cárcel.

Aquí estoy nuevamente para servirles, aunque en este momento lo único que quiero es gozar de mi libertad.

María Lorena Durán, exasesora jurídica de la Alcaldía: me embargan muchos sentimientos. Tengo absoluta gratitud con Dios, porque esta circunstancia afectó de manera grave mi vida. De todas maneras, siento satisfacción porque los magistrados hicieron justicia y se pronunciaron como debían pronunciarse, en derecho y en justicia. También se siente algo de preocupación porque los funcionarios públicos que queremos prestar nuestros servicios, caemos en manos de funcionarios como el fiscal y el juez de este caso que tomaron una decisión falaz, arbitraria y sin argumentos, ni contundencia.

Iván Araque Chiquillo, apoderado de los pensionados:  todos estos son hechos que estaban perfectamente expuestos tanto por nosotros como por la defensa desde un comienzo. Lo que acaba de hacer el honorable magistrado, con lujo de detalles, es descontarle a la opinión pública, a través de su decisión, que ni siquiera había lugar a iniciar la investigación en este caso, porque los hechos no existieron jamás.

Es decir, fueron 11 o 12 años de derroche de la justicia, con conceptos personales, como lo hizo notar el magistrado, con opiniones y conceptos personales, pero jamás obedeciendo y acatando los preceptos normativos y la técnica probatoria. Es un mal precedente para la justicia.

Martín Ricardo Rincón, exsecretario de Hacienda: estoy muy gradecido porque los magistrados, de manera juiciosa, pudieron revisar el caso y este fallo reiteró las falencias del fiscal y del juez. Se hizo justicia, pues estuvimos marginados dos años sin poder salir del país.

Vamos a verificar qué continúa; lo importante es que se hizo justicia.