Aunque hay voluntad y determinación de los campesinos cocaleros de cambiar la coca e integrarse a un sistema productivo lícito, las demoras del Gobierno Nacional siguen generando preocupación en las comunidades.

Tal es el caso de Convención, donde según su alcalde Hermes García, un reciente diálogo con funcionarios del Pnis (Plan Nacional Integral de Sustitución de cultivos de uso ilícito) se enteró de que solo serían cuatro los municipios en los que se enfocaría este programa: Tibú, Teorama, El Tarra y Sardinata.

“Para los otros municipios, por lo menos durante este gobierno, seguramente no se va a implementar”, dijo el mandatario. “Nos preocupa que se llegué con alguna estrategia de erradicación ya que podría generarse un conflicto social”.

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García reconoció que “hay plena disposición de buena parte de las familias” que solo piden una alternativa, tal como hacen los gobernantes locales.

“Si en este momento hubiese apoyo, la mayoría de las familias vinculadas a los cultivos ilícitos no pensarían dos veces en dejarlos”, afirmó. 

De ahí la importancia de que se impulsen y apoyen iniciativas que surgen desde los territorios, y que en el caso de Convención ya han sido presentadas a los gobiernos nacional y departamental.

“Le apuntamos a la implementación de proyectos productivos, y a través de la secretaría departamental de Desarrollo Económico hemos logrado la implementación de algunos proyectos, aunque no con el impacto que quisiéramos, dada la necesidad de recursos”.

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También, se han presentado iniciativas al ministerio de Agricultura, en relación con proyectos productivos, y se está a la espera de una respuesta de la Agencia de Desarrollo Rural para un mejoramiento de distritos de riego en los 15 municipios que integran la Asociación de Municipios del Catatumbo, por 10 mil millones de pesos. 

“De materializarse estos proyectos, serían familias que les quitaríamos a los cultivos de uso ilícito y, también, restaríamos uno de los insumos de la conflictividad en el territorio”, señaló el alcalde.

Reiteró que el éxito de estas propuestas y su materialización como estrategias de sustitución de cultivos de coca solo dependen de la voluntad de los gobierno nacional y departamental para hacer inversiones concretas, “porque hemos hecho el ejercicio que nos corresponde, buscando las familias, y obteniendo de ellas la disponibilidad de vincularse a los sectores productivos”.