Ante los seis asesinatos de líderes sociales este año, y 39 amenazas registradas en su contra en 2017, la Fundación Progresar y la Red departamental de defensores de derechos humanos remitieron una acción urgente al alto gobierno para que se tomen medidas definitivas en Norte de Santander.

El objetivo de las organizaciones se centra en tres objetivos para demostrar que las condiciones de seguridad en la región empeoran.

En primer lugar, se pretende exigir resultados de las investigaciones que están en la Fiscalía; además, entregar al ministerio del Interior los registros de agresiones y homicidios a líderes, con miras a demostrar que sí hay escenarios de riesgo; y finalmente, poner en conocimiento de la Vicepresidencia el hecho de que la situación regional afecta la implementación del acuerdo de paz.

“Cada uno de estos actores del Gobierno Nacional tiene un mandato: protección a líderes, investigaciones, e implementación de acuerdos”, dijo Wilfredo Cañizares, director de la Fundación Progresar. “Por eso, esperamos que tomen decisiones y hagan un compromiso de seguimiento periódico”.

Otra de las metas de las organizaciones es sumar más voces para trabajar unidas por la protección de los líderes de la región y los derechos humanos, dada la “constante negación local de lo que ocurre”, especialmente en Cúcuta y Puerto Santander, “mientras el gobernador ni suena ni truena”.

“Las desapariciones forzadas siguen; el conflicto en Catatumbo está siendo silenciado por grupos armados; en el área metropolitana la tensión persiste, y ante ese escenario insistiremos en ese espacio de diálogo con el más alto nivel de decisión”, agregó Cañizares.

Entre las principales preocupaciones están: la falta de esclarecimiento de las denuncias, la consolidación de una disidencia de las Farc y el incremento de cultivos de coca en zonas en las que no existía.