La Contraloría General de la República informó que adelanta seis procesos de responsabilidad fiscal por 66.162 millones de pesos contra el exgobernador de Córdoba Alejandro Lyons. 

El proceso más relevante y por el cual se han decretado medidas cautelares por parte de la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción, es por el llamado caso del ‘Cartel de la Hemofilia’, por 54.000 millones. Para esta diligencia Lyons acudió de manera virtual desde Miami en donde se negó a rendir descargos alegando que el auto de imputación no tenía motivación. 

"En este caso, la Contraloría atribuye a Lyons una presunta conducta omisiva en el ejercicio de su cargo de gobernador, ante los pagos efectuados por la Gobernación de Córdoba por 117 supuestos enfermos hemofílicos, que en realidad gozaban de cabal salud, y donde los exámenes de laboratorio que se usaron como soporte resultaron falsos en su totalidad", explicó el ente de control. 

Asimismo, la Gerencia Departamental Colegiada de la Contraloría en Córdoba también le abrió otros tres procesos. El primero, por una cuantía de 3.626 millones de pesos por el pago de supuestos servicios de salud prestados por diferentes IPS, bajo la modalidad de “Terapias basadas en Neurodesarrollo”, con recursos del Sistema General de Participaciones (SGP) en su componente de salud. 

Otro proceso que se le realiza al exmandatario departamental es por 1.345 millones de pesos, abierto el 23 de febrero de 2017, y tiene que ver con el denominado ‘cartel del síndrome de down’, en el que se realizó el pago de terapias médicas que no se habrían realizado, con recursos del (SGP). 

El segundo proceso que se adelanta es por 86 millones de pesos, abierto el 14 de junio de 2017, y también está reflejado por los pagos por unos supuestos servicios de salud prestados y cancelados por la gobernación a favor de una IPS. 

Asimismo, se realiza una investigación por los gastos en proyectos de ciencia y tecnología que no contaron con un soporte. Además, el exgobernador tiene un proceso adicional por 4.050 millones de pesos por la obra del Corredor Agroecológico, en donde se generó un detrimento con recursos de regalías destinados a ciencia y tecnología, porque los dineros fueron gastados sin ningún control y soporte por parte del entonces gobernador. 

"El proyecto buscaba mejorar la productividad de los carneros de la región y contemplaba comprarles 13.000 carneros a 500 campesinos, y solo se encontraron soportes de la compra de 3.000 animales, sin que haya certeza de a dónde fueron a parar los demás recursos", explicó la Contraloría. 

El último proceso es por 3.055 millones de pesos que fueron utilizados con recursos provenientes de regalías y se originó en un proyecto de Ampliación de Ciencia, Tecnología e Innovación en Carneros para supuestamente mitigar los efectos del los Tratados de Libre Comercio (TLC).