La Procuraduría provincial puso en marcha una indagación preliminar a dos de los más polémicos proyectos presentados por la Alcaldía de Cúcuta al Concejo: actualización catastral y valorización.

Sobre el primer caso, el ente de control acudió esta semana al Concejo para solicitar las actas, documentos, y detalles del proceso de debate y aprobación.

Así lo reveló el presidente de la corporación, Jaime Marthey, quien comentó que los documentos fueron entregados en un término de 15 minutos, pese a tener un plazo de 24 horas, y aclaró que será potestar del organismo de control determinar si hay lugar a un proceso.

Vale recordar que el proyecto presentado por la alcaldía, derivó en la aprobación de la implementación de una plataforma para el saneamiento catastral de la ciudad, que se tradujo en un contrato por 4.992 millones de pesos, otorgado a la empresa Geoproyecciones SAS.

Sin embargo, los integrantes de la Corporación no se inexplican cómo antes de la aprobación, se adjudicó la licitación a la empresa que efectuó un trabajo similar en Barranquilla con la actualización de casi 23 mil predios nuevos, según confirmó el secretario municipal de Hacienda, Luis Javier Chávez.

Los concejales fueron convocados a sesiones extraordinarias el 21 de enero, y  el contrato se adjudicó el 23 de enero, pero fue el 1 de febrero cuando se avaló la propuesta en plenaria.

Según el presidente del Concejo, el proyecto se aprobó “porque estamos convencidos de que el municipio requiere una actualización catastral para establecer cuáles ciudadanos han hecho modificaciones en sus inmuebles y nos las han reportado a la administración, porque esto genera un detrimento para el fisco municipal”.

“Actuamos en derecho y en conveniencia, porque tenemos que estar pendientes de los intereses generales”, puntualizó.

La explicación

Aunque el ponente del proyecto, Víctor Suárez, no habló del tema por la investigación en curso, se conoció que el 12 de febrero el secretario general de la Alcaldía, Hugo Márquez, respondió un oficio sobre las acciones contractuales sobre las facultades concedidas en el acuerdo.

El documento recuerda que el año anterior se autorizó a la alcaldía para obtener un crédito, y que el 1 de diciembre se inició el proceso contractual, pero el 31 de diciembre venció la autorización de endeudamiento, razón por la que el contrato no fue registrado en el ministerio de Hacienda, y se tuvo que tramitar un nuevo acuerdo para culminar el registro, situación confirmada por el secretario de Hacienda, quien dijo que el contrato se adjudicó conforme a la ley.

Sin embargo, las dudas que generó la indagación de la Procuraduría llevan a los concejales a ajustar sus actuaciones.

Para el concejal Carlos Camero, de ahora en adelante, “tendremos que pedir certificado por cada secretaría competente, del estado de los procesos contractuales en curso, por cada proceso de autorización que pida el alcalde, para evitar que se afecte nuestra buena fe”.